El proyecto Vía Verde no cumple con los requisitos federales para desarrollar un gasoducto de la magnitud que el gobierno propone. Así concluyó una extensa investigación realizada por expertos de dos facultades de derecho ambiental en Puerto Rico y una en los Estados Unidos.

El licenciado Rafael Espasas, de la Clínica de Asistencia Legal en la Universidad Interamericana, explicó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aún no ha administrado la información necesaria como para que las agencias federales evalúen propiamente los impactos a los recursos.

‘El estudio está dividido en varias partes con las que el gobierno no ha demostrado pruebas: el impacto en las especies en peligro de extinción, el requisito de una declaración de impacto ambiental federal, el requisito de demostrar alternativas menos dañinas al ambiente, capacidad de mitigar el daño ambiental causado a los recursos naturales’.

La abogada Teresa Clemer, de la Escuela de Leyes en Vermont, aseguró que la magnitud del impacto de este proyecto supera cualquier otro desarrollo que ha trabajado durante los 11 años de litigación en casos ambientales.

‘Quiero señalar que la cantidad de biodiversidad que tiene Puerto Rico, con el número de comunidades que se afectarán y los recursos de aguas que se afectarán y las formaciones kársicas el impacto es tan significativo que se necesita un análisis significativo. Si hubiera alguna vez un proyecto que requiriera el análisis más extenso sería este’.

Clemer señaló que para este mega proyecto lo que amerita es un documento federal y criticó la insistencia del gobierno estatal con la Declaración de Impacto Ambiental realizada por la Junta de Calidad Ambiental.

‘Hay un estatuto que exige una Declaración de Impacto Ambiental. El estatuto es que tienes que preparar una Declaración de Impacto Ambiental cuando hay impacto significativo asociado con el proyecto. Aquí tenemos muchísimo impacto relacionado al proyecto y parece que no lo van a preparar sino que un documento mucho más pequeño. Si ese es el caso, creemos que estarían violando el estatuto porque está más que claro el impacto significativo’.

La togada recordó que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre ha señalado que el gasoducto pudiera impactar al menos 32 especies en peligro de extinción. Por tal razón insistió en que debe haber seguridad de que las especies no se pondrán en riesgo.

‘Está la Ley federal para la protección de Especies en Peligro de Extinción que requiere más que proteger las especies. También tiene que haber un hallazgo de que no se van a poner en riesgo las especies. Para poder probar que no va a haber riesgo para las especies tienes que hacer un análisis exhaustivo y es imposible hacerlo en dos o tres meses’.

Clemer además sostuvo que la Ley federal de Agua Limpia requiere que se concluya que este proyecto es la alternativa menos contaminante para los 235 cuerpos de agua que se exponen a ser impactados por el gasoducto. De no poder probarlo, la académica dijo que Vía Verde estaría en violación de la Ley.

Por su parte, el licenciado Pedro Saadé, de la Universidad de Puerto Rico, adelantó que si el Cuerpo de Ingenieros otorgara el permiso se iría primero al Tribunal de Distrito y en apelación a Boston.

‘Pero todavía es prematuro anticipar que va a suceder en relación a eso. Los trámites respecto a las decisiones de las agencias federales tienen otra ruta procesal, pues es que la finalmente puede terminar en el Tribunal de Apelaciones de Boston’.

En la tarde de hoy, las tres facultades harán llegar los hallazgos al Cuerpo de Ingenieros con el fin de que la agencia federal deniegue el permiso que la AEE espera desde noviembre del pasado año.