Un grupo de personas en representación de diferentes organizaciones acudió hoy a las inmediaciones de la oficina local del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para exigir la paralización del controvertido proyecto llamado Vía Verde y que consiste en un gasoducto que atravesaría la Isla de sur a norte.

Iván Elías, representante de la organización Ciudadanos en Defensa del Ambiente (Cedda), dijo a NotiCel que la declaración de impacto ambiental realizada a nivel estatal sobre el gasoducto fue ‘incompleta’ e ‘inconclusa’.

Sobre el traslado del expediente a Jacksonville para culminar la evaluación para ver si otorgan los permisos al Gobierno, Elías expresó que tras la ejecutoria de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés) y el supuesto ‘silencio’ por parte del Cuerpo de Ingenieros local no tiene ‘confianza en las agencias de Estados Unidos, porque no han demostrado que estén actuando con el juicio necesario’.

Además, indicó que todavía el Cuerpo de Ingenieros no ha solicitado la realización de una declaración de impacto ambiental a nivel federal. Sin embargo, manifestó que están abiertos a colaborar si se realiza la declaración.

Ante las declaraciones tanto del gobernador Luis Fortuño como del secretario del Departamento de Estado, Kenneth McClintock, de que pese a la oposición, el proyecto de Vía Verde va, Elías remató que ‘ellos pueden intentar concluirlo, pero no lo van a concluir ni operar’.

Argumentó que existe un amplio consenso del país en oposición al proyecto y que si el Cuerpo de Ingenieros le otorga los permisos no dudarán en recurrir a la desobediencia civil a mayor escala.

Asimismo, se mostró preocupado por los efectos que podría tener el que ocurra un accidente debido a una explosión de esa naturaleza en la Isla, que a su juicio podría ‘destruir viviendas, comercios y matar personas’.

En esa línea, cuestionó que si sucede el evento en el Bosque Estatal de Río Abajo en Arecibo, ‘cómo van a controlar el fuego’. Por tal razón, reclamó al Cuerpo de Ingenieros que ‘no sean cómplices’ del Gobierno. Determinó que el proyecto no es adecuado para Puerto Rico.

Por su parte, Ricardo de Soto, representante de GuardaMar, catalogó como un ‘crimen de corrupción’ el proyecto.

Destacó que de materializarse, se estaría poniendo en riesgo los cuerpos de agua, los humedales y 30 especies, algunas en peligro de extinción (entre ellas aves, insectos y corales).