Mientras que el alcalde de San Sebastían, Javier Jiménez, alega que los pepinianos que se oponen a la construcción de antenas de telecomunicaciones están empeñados en hacer desobediencia y no han aceptado ayuda del municipio, surgen incongruencias entre el gobierno municipal y la Oficina General de Permisos (OGPE) sobre este proyecto que enfrenta la oposición de la ciudadanía.

Jiménez aseguró a NotiCel que se opone a la construcción de la nueva antena de telecomunicaciones que ubicará en el municipio, pero los vecinos del área que mantienen un campamento de desobediencia civil cuestionaron su poca participación en los procesos.

'Cuando ARPE originalmente hizo la consulta (marzo 2010), el municipio no endosó el proyecto de las antenas porque existía una incomodidad por parte de la comunidad, unos planteaban que las antenas hacían daño a la salud, causaban cáncer y otros establecían que se sus propiedades devaluaban', sostuvo Jiménez.

Además, según detalló fue él quien solicitó a la legislatura municipal que se aprobara una resolución que no endosara la construcción de la torre para antenas que pretende establecer la compañía QMC, Telecom, LLC en las comunidades de Alto Sano y Sonador.

'Eso hizo que ARPE detuviera el permiso hasta que no se hicieran unas vistas públicas para atender los reclamos de la comunidad. En la vista administrativa, se examinaron los argumentos de la comunidad y si la compañía proponente del proyecto cumplió o no cumplió con las diferentes disposiciones', aseguró.

Sin embargo, vecinos de las comunidades cuestionaron la ausencia del municipio en las vistas celebradas el pasado 17 de agosto.

Jimenez alegó que 'el planteamiento del municipio ya está hecho, no es necesario participar de los procesos legales'. Además, el alcalde rechazó la desobediencia civil que realizan los residentes del área como alternativa para intentar detener el proyecto que ya cuenta con todos los permisos necesarios.

'Yo en desobediencia civil no creo. Yo entiendo que hay unos foros procesales, legales que hay que seguir', dijo.

El ejecutivo municipal alegó que ha intentado poner a la disposición de las comunidades los recursos del pueblo pero éstos se han negado.

'Ellos lo que quieren hacer es desobediencia civil. Les puse a la disposición los recursos del municipio para contratar cualquier perito que necesitaran. Uno de los planteamientos que estaban haciendo era que las medidas no daban con la colindancia, pues le puse a la disposición para que contrataran un perito agrimensor para eso. Adicionalmente les recomendé que contrataran a un ingeniero o a físico que pudiera evaluar el perímetro para ver cual es el impacto ambiental porque cuando buscas los estudias que se han hecho sobre las antenas todavía no hay un solo estudio que confirme que tiene una relación directa con cáncer u otra enfermedad', dijo el ejecutivo municipal.

Jiménez aseguró que la investigación que actualmente realiza la inspectora general de permisos, Jenniffer Mayo, sobre este particular se debe a la gestión del municipio. Sin embargo, Mayo sostuvo que fue a través de los residentes de las comunidades que se hizo la querella.

'Hicimos una inspección al predio, en esa inspección se recomendó que se hiciera una auditoría de los casos de permisos o sea una auditoría de los expedientes de como se otorgaron los permisos. Eso es porque varias de las alegaciones de los vecinos es que no se siguieron los trámites correspondientes, que no se les había notificado adecuadamente y que la distancia de la antena a la colindancia y la residencia mas cercana no daba la distancia reglamentaria', dijo la inspectora.

Mayo adelantó que para la próxima semana espera tener una decisión preliminar sobre la investigación.

Las obras de construcción de la torre que tendrá una altura de 170 pies empezó el pasado 18 de abril y según el alcalde la investigación por parte de la OGPE ha logrado paralizar las obras.

No obstante, Mayo detalló que durante el curso de la investigación no se ordenó un cese de las obras. De hecho, personal de QMC dijeron que las obras fueron paralizadas por las fuertes lluvias.

Los vecinos llevan unos dos meses en desobencia civil y ya van unos 14 arrestos.