El ex alcalde de Cataño, Wilson Soto, fue hallado culpable por una jueza superior de Bayamón de nueve cargos de influencia indebida y una infracción a la Ley de Ética Gubernamental. Soto estaba acusado de nueve cargos de soborno, pero le fueron reclasificados a delitos de influencia indebida.

La juez de Bayamón, Vivian Durieux, señaló la vista de lectura de sentencia para el 29 de agosto. Soto había renunciado a juicio por jurado.

Contra el ex ejecutivo municipal del Partido Nuevo Progresista, pesaban 9 cargos de soborno y una infracción a la Ley de Ética Gubernamental.

A Soto se le imputaba haber recibido $128,000 producto de los sobornos, así como dos gallos de pelea.

De inmediato, el fiscal especial independiente (FEI), César López Cintrón, se expresó satisfecho porque - aunque la jueza reclasificó los delitos de soborno a cargos de influencia indebida - Soto fue hallado culpable de 10 cargos de corrupción gubernamental.

'Estoy satisfecho porque, aunque ella reclasificó los cargos, la influencia indebida sigue siendo un delito grave. Yo no estoy de acuerdo con la reclasificación, pero esa es una decisión judicial que hay que respetarla', dijo López Cintrón a NotiCel en entrevista telefónica.

De acuerdo con el FEI, la juez Durieux reclasificó los delitos de soborno porque no admitió prueba de referencia sobre el testimonio que hubiese ofrecido el testigo 'no disponible', Juan Salgado, quien era ayudante especial de Soto y un co conspirador en el caso, que murió de cáncer.

El FEI López introdujo el testimonio de Salgado por voz del ex director de Obras Públicas de Cataño, Rafael Vázquez, quien declaró que el ex ayudante especial de Soto le indicó que tenía que conseguir aportaciones de los contratistas para la campaña política del entonces alcalde. A Vázquez se le concedió inmunidad.

Ahora el FEI evaluará si somete una moción de agravantes para que se le aplique una sentencia de cárcel a Soto, quien podría aplicar para una sentencia de probatoria por los 9 cargos de influencia indebida.

No obstante, por el cargo de Ética Gubernamental no hay derecho a probatoria y tendría que cumplir 3 años de cárcel, si es que la juez opta por una condena de prisión, toda vez que le podría imponer una multa de $3,000.

Por los cargos de influencia indebida serían 3 años de cárcel por cada cargo, pero cualifican para una sentencia suspendida.