A pesar de que el lema de la Reforma Contributiva es que un peso en el bolsillo del individuo es mejor que un peso en el bolsillo del gobierno, la Legislatura aprobó un proyecto con el que la Administración Fortuño tomaría control de casi $5,000 millones que hoy están en el bolsillo de los empleados públicos, y que representan sus ahorros.

La medida tiene como trasfondo la lucha de poder político partidista que se libra en la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), y sería la garantía para que, no importa lo que pase en los procesos de arbitraje o judiciales, la Administración Fortuño tenga el control de AEELA.

La lucha ha incluido la contratación por separado del ex secretario del Partido Popular Democrático (PPD), José Aníbal Torres, y del ex secretario de la Gobernación, Álvaro Cifuentes, como cabilderos de AEELA para tratar de detener el asalto del gobierno. También, la contratación de Capitol Security, empresa de seguridad propiedad del cuñado del Superintendente de la Policía que tuvo un rol controversial en la huelga universitaria.

El mecanismo de control es el mismo que se aplicó en la Universidad de Puerto Rico (UPR), y el Tribunal Supremo: aumentar la cantidad de miembros que tiene el cuerpo directivo y llenar esos puestos con personas que respondan a la Administración.

AEELA es una entidad creada por ley que funciona como caja de ahorro de los empleados públicos, quienes someten aportaciones cada quincena. La acumulación de caudal permite que a los empleados se le ofrezcan tarjetas de crédito, préstamos, e hipotecas. Esa actividad financiera está representada en inversiones con valor de $2,600 millones, y en bienes raíces con valor de $2,000 millones que incluyen la recién renovada sede en Hato Rey, 10 sucursales de servicio alrededor de la Isla, una égida, y un centro vacacional.

El proceso regular es que los empleados de las agencias votan para escoger a una Asamblea de Delegados, la asamblea escoge una Junta de Directores de 17 miembros, y la junta escoge al Director Ejecutivo. Pero la más reciente elección, celebrada en abril pasado, todavía está en pugna porque un grupo de siete directores que responden al Partido Nuevo Progresista (PNP) se autoconvocó para elegir como director ejecutivo a Arnaldo Ortiz Ortiz antes de que el proceso eleccionario estuviera finalizado. Otros 9 directores, identificados con el PPD, contestaron también autoconvocándose para escoger como director ejecutivo a Luis Raúl Hernández.

El viernes, justo cuando el Senado aprobó el proyecto, una jueza supeior ordenó que las juntas en conflicto se sometan a un proceso de arbitraje y que, en lo que eso culmina, vuelva a la dirección Ortiz. Contra Ortiz se había iniciado un proceso de destitución por querellas de acoso laboral, bajo la anterior dirección de la asociación.

Pero toda esta controversia judicial, que tiene de abogados a Luis Pabón Roca, Carlos Díaz Olivo, y Julio Fontanet, del lado del grupo de los 9, y a David Noriega y Frank Zorrilla, del lado de la asamblea y el grupo de los siete, sería irrelevante si el Gobernador firma el proyecto. El resultado de que la medida se convierta en ley sería que la Asamblea quede sin poder, la Junta se convierta en el cuerpo rector de AEELA, y se añadan nueve directores nuevos: tres nombrados por el Gobernador y tres nombrados por cada uno de los presidentes legislativos, para un total de 26 directores que, contra los 10 a los que se identifica con el PPD, dejaría una mayoría permanente de 16.

En el camino, el nombre de la asociación cambiaría a Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico, y el dinero de AEELA, que ahora es manejado principalmente por el Banco Popular de Puerto Rico y la casa de inversiones UBS, quedaría expuesto a que se pasara a, por ejemplo, el Banco Gubernamental de Fomento, donde puede servir para aliviar, entre otras, la crisis de los Sistemas de Retiro.

Irónicamente, la entidad que maneja el seguro compulsorio, y que fue creada mediante ley bajo la Administración Rosselló, libró una batalla judicial para evitar que la Administración Calderón le metiera mano a las primas que cobraba Hacienda, pero que eran para el seguro compulsorio.

Para leer el informe del Senado sobre el P de la C 3060, pulse aquí.