Las Piedras Construction y la Asociación de Contratistas Generales (ACG) presentaron ayer una Moción Conjunta de Reconsideración ante el Tribunal Supremo en relación con una sentencia que le impone a contratistas cargar con los costos y pérdidas sufridas como consecuencia de haber suscrito un contrato con el gobierno si un tribunal declara que el contrato fue adjudicado incorrectamente.

Según los contratistas, esta determinación del Supremo afecta no sólo a la industria de la construcción, sino a toda la obra de gobierno, la economía y los empleos. Tomás Montalvo, vicepresidente de Las Piedras Construction, dijo que dicha sentencia, notificada el 6 de julio de 2011, 'impone a los contratistas los riesgos de las determinaciones de las agencias administrativas del gobierno cuando éstas deciden otorgar un contrato aun cuando todavía no han concluido los términos para revisión en un proceso de subasta'.

Esto tiene el efecto de que el contratista perdería todo lo que haya costeado, invertido o construido si eventualmente un tribunal determina que la subasta fue adjudicada incorrectamente por la agencia de gobierno, dijo Montalvo en un comunicado de prensa.

Como ejemplo inmediato, Montalvo indicó que actualmente ya están subastados los ocho proyectos de la segunda fase de la PR-66. De estos, siete han sido adjudicados, seis de los cuales ya comenzaron construcción. El monto total de los ocho proyectos ronda los 75 millones de dólares.

Estos proyectos generarían alrededor de 1,500 empleos durante su construcción. Si lo dictado en la sentencia prevalece, estos proyectos podrían paralizarse debido a que el proceso de subasta está actualmente está impugnado por un licitador, afirmó Montalvo.

La sentencia del Tribunal indica que el contratista o licitador que a sabiendas suscriba un contrato con una entidad gubernamental cuando los términos para solicitar reconsideración y/o revisión judicial aun no hayan expirado conlleva un riesgo que podría redundar en su descalificación como licitador. Además indica que cualquier daño sufrido como consecuencia de este acto es auto infligido y cualquier gasto desembolsado es a su costo.

Lo estipulado en esta sentencia podría afectar no sólo a los contratistas de obra, sino también a todos los servicios sujetos a subasta pública tales como alimentos para comedores escolares, tecnología, equipos, mantenimiento, material de oficina, alarmas, seguridad , proyectos de emergencia, etc. De este modo, de reafirmarse el Tribunal en su determinación, existe la posibilidad de que importantes obras de gobierno se paralicen por un término indefinido, agregó Montalvo.

Por su parte, José J. Nolla Vila, presidente de la Asociación de Contratistas Generales de America-Capitulo de Puerto Rico, expresó seria preocupación por las implicaciones que tendría la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en futuras subastas públicas y aquellas que ya están en progreso. LA ASG se unió a la moción de Las Piedras en calidad de amicus curiae

'Esta decisión crea mucha incertidumbre en la industria de la construcción la cual ha sido seriamente abatida por la recesión económica y que actualmente depende en un 60 por ciento de la obra pública. Es importante que se evalúe detenidamente las repercusiones de esta sentencia y cuál será su efecto en todo proceso de subasta pública', declaró el ejecutivo.