Tras un fuerte regaño al alcalde Jaime Barlucea, el juez federal José A. Fusté otorgó hasta el 12 de agosto para que se decida si lo que el municipio de Adjuntas realmente debe en una sentencia por discrimen político son los $4 millones que alega el alcalde.

La orden se registró ayer, en medio de los intentos de Barlucea de que el gobierno le dé el dinero para pagar la sentencia y evitar el embargo de los bienes del municipio que ya está ordenado por Fusté aunque queda en suspenso con el nuevo plazo.

Barlucea rechazó la posibilidad de que el ayuntamiento se acoja a la Ley de Quiebra, al tiempo que afirmó que sus abogados evalúan una recomendación de Fusté, de demandar en su carácter personal al ex alcalde Roberto Vera Monroig, quien fue el que despidió a un grupo de empleados municipales que ganaron una millonaria demanda por discrimen político.

El ejecutivo municipal aclaró que ya ha pagado $8.5 millones de los $12.5 millones que le ordenó el Tribunal Federal pagar a los demandantes tras llegar a un acuerdo en el caso.

'Nunca jamás. La ley de quiebra está descartada. Mientras yo sea alcalde de este pueblo, el municipio no se va a ir a quiebra', indicó Barlucea en entrevista telefónica con NotiCel.

'En el caso de ex alcalde Vera Monroig, que es quién ha provocado toda esta situación, nuestros abogados están evaluando la posibilidad de demandarlo como lo recomendó el juez Fustè en su memorándum. Los políticos que le fallan al pueblo, pues tienen que pagar. Estamos trabajando bien de cerca esa posibilidad, pero se está evaluando para que todo se haga cónsono a la ley', sostuvo Barlucea.

Recordó que el propio Fusté reconoció que fue Vera Monroig el responsable de los despidos y que se puede tomar una acción legal en su contra.

'La demanda contra Vera Monroig, está sobre la mesa', afirmó el alcalde novoprogresista.

Barlucea defendió su gestión administrativa y alegó que hace siete años heredó un municipio con un déficit de un millón de dólares y en la actualidad no tiene déficit.

'Hemos sabido administrar, por eso la posibilidad de la quiebra jamás ha estado en mi mente', insistió.

Barlucea evitó entrar en dimes y diretes con el juez Fusté, quien lo fustigó en su escrito al reclamarle que se calle la boca, que deje de lloriquear y acepte su responsabilidad de cumplir con el pago total a los demandantes.

'Respeto las expresiones del juez Fustè, él tiene la autoridad y la facultad y no voy a emitir comentario alguno. Yo me he limitado a hablar de los hechos del caso y de las decisiones dentro del caso, pero nunca me he expresado acerca del juez Fusté. Las declaraciones que hemos hecho, las hemos hecho al amparo de nuestro derecho de libre expresión y sin faltarle el respeto a nadie', sostuvo.

El juez federal reaccionó enérgicamente a una moción sometida más temprano por el ayuntamiento en la que se adelantaba el 'caos' que se crearía si se ejecutan embargos para cobrarle una sentencia de $7 millones a un municipio cuyo presupuesto es poco más de $8 millones.

Fusté le dijo a Barlucea que solicite la protección de la Ley de Quiebra, o demande al ex alcalde popular Roberto Vera Monroig como responsable de los actos que dieron pie a la demanda, pero que se deje de lloriquear.

También le sacó en cara que, en los cuatro años que han pasado sin pagar la sentencia, Barlucea tomó $4 millones prestados para otros propósitos y financió eventos como viajes estudiantiles a China.

'Por donde quiera, Barlucea y Adjuntas han buscado apuntar el dedo a todos, incluyendo el suscribiente, menos a ellos mismos.... el tribunal no seguirá perdiendo el tiempo ayudando a Adjuntas a escapar el revolú que ellos mismos han creado. Está en el interés público que Adjuntas y su alcalde sean responsabilizados por sus propias decisiones', dijo Fusté al reiterar que lo que se busca es cobrar una transacción que el propio Barlucea aceptó con su firma en noviembre de 2006.