Cuadran pagos en Adjuntas
El municipio de Adjuntas, los ex empleados que demandaron al ayuntamiento por discrimen político, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y el juez federal José A. Fusté, suscribieron un acuerdo esta tarde que levanta los embargos contra el municipio y lo obliga a pagar $5.3 millones a los ex empleados.
El acuerdo llegó después de un fin de semana de fuerte presión por parte del juez Fusté, quien no sólo emitió regaños directos al alcalde Jaime Barlucea y el abogado de los demandantes, Israel Roldán, sino que también le mantuvo al municipio una espada afilada sobre la cabeza en la forma de unas órdenes de embargo en contra de todas sus propiedades.
La cantidad final acordada, incluyendo intereses, es de $5,348,365.16. El mecanismo de pago será un préstamo que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) extenderá al municipio fundamentado en transferencias del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), y con obligación de repago en plazos semestrales por los próximos 25 años.
El arreglo supone todavía un apretón a las finanzas del municipio ya que financiamiento del BGF y pagos del CRIM son dos de las principales fuentes de ingreso que tiene cualquier municipio.
El acuerdo final sigue las líneas del acuerdo que Fusté había intentado imponer a las partes la semana pasada sin éxito. Como parte del trato, los 62 ex empleados demandantes renunciaron al 50% de los intereses que les debían por concepto de atrasos en el pago de la sentencia.
Fusté encargó al BGF la responsabilidad de notificar al tribunal si hay algún problema con los repagos, que, de registrarse, significaría cárcel por desacato contra el alcalde Barlucea y reinstalación de las órdenes de embargo contra las propiedades del municipio y sus cuentas, incluyendo 37 que tienen nada más que en el Banco Popular.
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Juez Fusté no deja a nadie contento
Fusté suspende embargo contra Adjuntas