En un tono confrontativo, el superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, afirmó en tres ocasiones que la fuerza no es investigada por el Departamento de Justicia federal por violaciones a los derechos civiles.

'No hay ninguna investigación federal respecto a eso', dijo el jefe de la Policía que mostró total desconocimiento, incluso, de admisiones de La Fortaleza sobre la pesquisa y en medio de la cual se produjo la renuncia de su predecesor, José Figueroa Sancha.

'Hasta ahora no ha habido ningún informe respecto a eso. O sea, nosotros no tenemos nada que no sea lo que quizás algunos políticos han dicho en los medios de comunicación. Si a mí no me han entregado nada y no me han investigado, para mí no hay ninguna investigación', contestó cuando NotiCel le pidió que informara en que estatus se encuentra la pesquisa.

NotiCel insistió en que el propio secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, reconoció públicamente la investigación.

'Yo digo que aquí no hay ninguna investigación federal, no ha llegado ninguna, entonces como no hay ninguna investigación federal nosotros no podemos contestar nada porque no podemos contestar algo que no existe. No hay ninguna investigación federal respecto a eso', contestó Díaz Colón.

La prensa insistió en que la propia Policía tiene contratado un bufete de abogados trabajando directamente con los federales como parte de esa investigación y Díaz Colón nuevamente emplazó a los periodistas a presentarle algún informe o copia.

'Si hay alguien que tenga una copia de la investigación que me la de porque yo no la tengo', destacó. 'No tengo ninguna investigación en mis manos de nadie', sostuvo.

El Superintendente hizo sus declaraciones precisamente en una rueda de prensa en la que anunció que la Policía en conjunto con las autoridades federales ofrecerá adiestramientos a los cadetes y oficiales sobre cómo atender los crímenes de odio en la isla.

Organizaciones de la comunidad LGBTT y defensores de los derechos civiles y humanos han denunciado la renuencia de la Policía a clasificar como crímenes de odio asesinatos cometidos contra homosexuales y dominicanos en la isla.

La Unión Americana de Libertades Civiles, la Comisión de Derechos Civiles, Amnistía Internacional y el Colegio de Abogados, entre otras, han elevado sus denuncias hasta el Congreso de los Estados Unidos.