La Cámara de Representantes aprobó sin vistas públicas un proyecto que obliga a la policía a grabar las confesiones de los sospechosos de delito, a pesar de que la uniformada advirtió que no tiene dinero para implantarlo, y a pesar de que se supone que cada medida que implique gastos identifique cómo se van a pagar esos gastos.

La información trascendió el martes, cuando le tocó el turno a la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado de Puerto Rico, que preside el senador José Emilio González, de evaluar el proyecto de ley que pretende obligar a los agentes del orden público a grabar los interrogatorios contra sospechosos o acusados de algún delito.

'La realidad presupuestaria de la Policía no puede satisfacer lo que conllevaría la implantación de la misma: que cada cuartel cuente con grabadoras o videos para proceder a la grabación del interrogatorio que se le realice a estos', sostuvo la Uniformada. Evaluó que se necesitaría comprar los equipos para las Comandancias y Cuarteles de las 13 regiones policíacas, lo que estimó sería alrededor de $1 millón.

Por lo tanto afirmó que 'nuestro apoyo a la misma se supedita a que la Oficina de Gerencia y Presupuesto nos asigne los fondos necesarios para puesta en vigor'.

El otro actor estatal en el proceso criminal, el Departamento de Justicia (DJ), también objetó la medida porque 'limitaría considerablemente las facultades del Estado para procesar criminales en todo Puerto Rico'. 'En muchas ocasiones la confesión o admisión se realiza de manera espontánea, lo que según el proyecto de ley crearía una presunción controvertible de ilegalidad por no ser grabada', añadieron al destacar que cuando el agente de la policía logra la confesión por parte del sospechoso, muchas veces este no podría esperar a llegar a un lugar habilitado para continuar con el interrogatorio.

Por otra parte, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) cuestionó la pureza del procedimiento si el interrogatorio se da en un lugar en que los funcionarios pueden manipular la grabación y sugirió que las grabaciones se efectúen tanto por audio como en vídeo. Se opusieron a que las grabaciones se lleven a cabo fuera de un centro de detención, recomendaron que el interrogador no debe tener acceso a la grabación, y que se requiera la contratación de peritos para garantizar que la misma no fue alterada. Más aún, pidieron que se establezca una responsabilidad legal contra las personas que violenten el procedimiento.

El P. de la C. 1255, persigue que todos los interrogatorios de sospechosos o acusado se graben en video. Solo se permitirá la grabación de audio si las circunstancias lo ameritan, como por ejemplo, que alguna parte del interrogatorio se efectúe fuera de un centro de detención. El video debe captar imágenes simultaneas tanto del interrogador como del sospechoso o del acusado.

Aunque plantea que como regla general cualquier admisión que se obtenga por medio de un interrogatorio que no fue grabado, no podrá utilizarse como prueba en el proceso del tribunal. También aclara en qué instancias se podrá descartar esa regla de inadmisibilidad.

Por otra parte, el proyecto precisa que las grabaciones deben ser identificadas y archivadas hasta que la sentencia del acusado o sospechoso sea final, firme e inapelable, o que prescriba el delito.

La medida tien de modelo el 'Innocence Project' del Benjamin N. Cardozo School of Law en Yeshiva University.