Dos empleados municipales, conocidos por los apelativos de Choco y Piojo, un ganadero de la industria lechera, y un sumariado por el asesinato de su esposa de la Institución Penal de Aguadilla, fueron arrestados como parte de un operativo que realizaron agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia para desarticular dos organizaciones criminales que alegadamente se dedican al trasiego de drogas y la venta de armas en Barceloneta, Manatí y Camuy.

Contra el ganadero, que fue identificado como Kevin Cruz Hernández, pesan cuatro cargos por violaciones a la ley de sustancias controladas. Cruz Hernández es propietario de una ganadería que lleva su nombre en el barrio Garrochales de Barceloneta.

Mientras que los empleados de Barceloneta que trabajan en la División de Ornato del municipio fueron identificados como Eliud Rivera Torres, alias Choco, y Jonathan Santiago Maysonet, alias Piojo. Asimismo, el sumariado que fue también vinculado a la red es Álvin Herminia Venes, quien está acusado de haber matado a su esposa Josmarie Serrano en hechos ocurridos el pasado 18 de junio en Arecibo.

Según detalló el inspector a cargo de la Operación Garrochales, José Figueroa Rodríguez, durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani , de las 13 órdenes de arresto que se diligenciaron entre la noche del lunes y la madrugada del martes aún queda por detener al cabecilla de la organización que operaba en Barceloneta, Alejandro Pagán Ortíz, mejor conocido como ‘Mono’, quien está en probatoria por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

‘El único que queda es el cabecilla, ‘Mono’ y ya dijo que se iba a entregar. En la mañana de hoy nos comunicamos con él a través de un fiador y le dijo que se iba a entregar’, sostuvo.

Figueroa Rodríguez explicó que durante los nueve meses que se extendió el operativo en el que se grabaron la mayoría de las transacciones se obtuvieron 24 libras de marihuana, 5/8 kilos de cocaína, una pistola 9mm y una pistola calibre .45mm.

Contra los imputados se presentaron 30 cargos criminales por violación a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas, se fijaron unas fianzas de entre $75,000 hasta $550,000 y pudieran enfrentar 20 y 50 años de cárcel, según los delitos.

Sobre la procedencia de la droga que era vendida en múltiples lugares públicos, Figueroa Rodríguez dijo que ‘ese ángulo investigativo no lo tenemos al momento’.