'Frustración'. Así resumió la presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados, Verónica Rivera, el sentir de los que luchan en contra de la violenciadoméstica porque, a pesar de las múltiples gestiones que realizan no lograr impedir que los agresores que continúen atacando a sus parejas e incluso lleguen al punto de asesinarlas.

La violencia doméstica ha sido una lucha que por años han llevado varias organizaciones que representan a las mujeres en el país. Mientras los grupos hacen malabares para hacer visible este problema social, los asesinatos de mujeres no han tenido tregua. Más aún, luego de que un grupo de entidades declaró a Puerto Rico en estado de 'emergencia nacional' debido a la ola de asesinatos por violencia doméstica, otros episodios se han registrado en la isla.

Para Rivera 'el Estado ha sido parte del problema', porque no ha sido asertivo en las políticas públicas implantadas para trabajar con el problema de la violencia doméstica. En ese sentido, mencionó que una de las estrategias fallidas fue la campaña 'Promesa de Hombre' que presentó el gobernador Luis Fortuño en el 2009. Rivera señaló que aunque la campaña no ha funcionado, se han invertido alrededor de $1.2 millones en su implementación. Anteriormente el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) había criticado también la campaña.

Asimismo, no vio con buenos ojos las expresiones del superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, durante las vistas de confirmación de que el problema de violencia domestica no era de incumbencia de la uniformada, y opinó que es 'lamentable' el que la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, haya manifestado que quiere ver más propuestas concretas y no solo quejas. Riverapuntualizó que 'el movimiento de mujeres se ha caracterizado por dar propuestas'.

De otro lado, durante una conferencia de prensa la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que si un policía o el mismo estado no hace valer la orden de protección emitida a las víctimas de violencia doméstica, éstos están cometiendo violación a sus derechos humanos. CIDH llegó a esta conclusión ante el caso Jessica Lenahan (Gonzales) v. USA.

Dicho pleito habla sobre el caso de Jessica Lenahan, una mujer a la cuál su ex marido le violó su orden de protección, secuestró y mató a sus tres hijas en el estado de Colorado. Según ACLU, Lenahan intentó avisar a la policía sobre el secuestro de sus hijas, pero los agentes ignoraron las denuncias. Además, se alega que las autoridades no realizaron bien la investigación para saber las causas de la muerte de las tres menores, ni cuántas horas transcurrieron desde que fueron asesinadas. En el proceso judicial el Tribunal Supremo decidió que el hecho de que los agentes hubieran ignorado las denuncias de Lenahan no constituía una violación a la Constitución de los Estados Unidos. Tras 11 años desde que ocurrieron los hechos, CIDH llegó a esa determinación y le hizo una serie de recomendaciones al Gobierno de los Estados Unidos.

A preguntas de NotiCel, Rivera sostuvo que en la Isla no existe constancia de cuántos casos se han registrado donde los policías no hacen valer las órdenes de protección, poniendo en riesgo a las víctimas o sus familiares. No obstante, apuntó que constantemente reciben testimonios de mujeres que han tenido que vivir este problema.

'Es un poco trabajar a ciegas', apuntó.

A su entender es vital que en Puerto Rico exista un mecanismo donde se pueda documentar y monitorear estos casos, pero de manera estructurada. Aunque en un pasado la anterior procuradora de las Mujeres, la doctora María Dolores Fernós, realizó investigaciones y análisis al respecto por medio de su oficina, Rivera precisó que desde entonces no se ha hecho nada.

Añadió que el próximo viernes, 9 de septiembre en la asamblea del Colegio de Abogados se ofrecerá el curso con crédito para educación continua 'La Violencia de Género Desde la Perspectiva de los Derechos Humanos'. El evento contará con la participación de la profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, Caroline Bettinger-López; la licenciada Ana Irma Rivera Lassen, vicepresidenta del Colegio de Abogados; y la licenciada Carmen Sanfeliz, directora interina de Programas Judiciales de la Oficina de Administración de Tribunales de Puerto Rico.

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