El gobierno de Luis Fortuño tiró la toalla contra la criminalidad y admitió su incapacidad de procesar judicialmente a los criminales violentos al federalizar las cinco regiones judiciales 'más duras' -San Juan, Carolina, Bayamón, Caguas y Ponce - creando un grupo de trabajo federal y estatal (strike force) para atender a corto plazo el tráfico de armas ilegales y la comisión de delitos con las mismas.

Fortuño indicó que el propósito del nuevo grupo de trabajo es que los criminales violentos sean encarcelados sin derecho a fianza como ocurre en el foro estatal.

'Este es un programa piloto en las áreas donde más incidencia criminal hay, son las más duras', destacó el mandatario en una rueda de prensa en La Fortaleza junto a las autoridades federales.

'Lo que reconoce es que en la jurisdicción federal, por ejemplo, está en la cárcel el mismo día que se coge preso, no está libre bajo fianza por meses y a veces por años y no están postergando los casos y obviamente se es mucho más estricto inclusive en la sentencia', dijo Fortuño cuando se le preguntó si está reconociendo que el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, y el superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, han fracasado en su lucha contra la criminalidad.

NotiCel le cuestionó a Fortuño si el propósito ulterior es burlar la Constitución puertorriqueña que garantiza el derecho a la fianza y el Gobernador mostró que no conoce que en el foro federal la fianza es un privilegio y no un derecho.

'Lo que pasa es que los individuos que cometen este tipo de delito no son hermanitas de la caridad, lo que estoy queriendo decir es que estas personas son personas violentas y personas violentas bajo el estándar federal que es sumamente estricto van a tener serios problemas en lograr estar libre bajo fianza, pero tienen derecho a fianza bajo el ámbito federal también', sostuvo.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Justicia estará destacando seis fiscales en el foro federal para ayudar a procesar 'el cúmulo de casos' que se va a registrar en el foro federal.

Los delitos que se van a pasar directamente a los federales son: hurto de auto a mano armada (carjacking), robo a comercio o negocio utilizando arma de fuego, secuestro utilizando un arma de fuego, tiroteos desde vehículos (Drive-by shootings), posesión de arma de fuego robada, serie mutilada, automática, convertida automática, durante la comisión de un delito de violencia y/o trasiego de drogas, así como posesión de arma de fuego por persona previamente convicta de delito grave, persona bajo orden de protección (Ley 54), y persona usuaria de sustancias controladas.

La jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, reconoció que esos delitos se podían procesar en la esfera federal, pero destacó que 'por deferencia' se dejaba que los procesaran las autoridades locales por tratarse de casos con jurisdicción compartida, estatal y federal.

NotiCel le preguntó por qué no han asumido la jurisdicción en el caso del banquero de Doral asesinado en un tiroteo de carro a carro en el expreso Baldorioty.

'Nosotros estamos investigando ese caso, tan pronto se esclarezca ese delito asumiremos jurisdicción, pero estamos investigando', dijo la fiscal Rodríguez.

La fiscal federal indicó que en el caso del asesinato de la tasadora 'no hay jurisdicción federal salvo que en la investigación surja un ángulo que sí nos de jurisdicción, por lo menos hasta ahora no tenemos jurisdicción'.

'En los casos de jurisdicción compartida por deferencia siempre el estado es el que comienza la investigación y ahora lo que estamos haciendo es que, tanto el estado como el gobierno federal, están en conjunto para atacar esta ola de violencia y juzgarlos en el tribunal federal que entendemos que es el foro más adecuado para lograr los objetivos de esta iniciativa', afirmó Rodríguez.

Otra iniciativa que se unirá a la ya mencionada será una amnistía para la entrega voluntaria de armas ilegales en las iglesias, cuyas fechas y otras disposiciones serán aprobadas por la Asamblea Legislativa.