El abogado novato, Richard Roark Annunziato, un convicto de delitos menos graves cuando fungió como agente de una agencia federal antinarcóticos, recibió un nuevo contrato por la friolera de $7,000 mensuales, para ofrecer servicios de asesoría en la Comisión de Asuntos de la Judicatura y de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico que preside, Thomas Rivera Schatz.

El contrato a Roark, amigo íntimo del también convicto, abogado y ex legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Martínez, se le adjudicó el pasado ocho de agosto según consta en la Oficina de la Contralora, Yezmín Valdivieso.

El documento legal establece que la corporación de su mismo nombre y radicada en el Departamento de Estado el pasado siete de febrero del 2011, podrá facturar hasta 56 horas mensuales a razón de $125 la hora.

Richard Roark Law Offices PSC fue presentada ante el DE, 60 días antes de que obtuviera su primer contrato con el Senado, el pasado primero de abril del 2011. Esto, un día después de que Martínez, un ex asesor del también convicto por corrupción, Freddy Valentín Acevedo, renunciara a su escaño legislativo bajo el cual presidía las comisiones que ahora asesora Roark.

El nuevo contrato de Roark es por la misma cantidad que el primero y asumiendo las mismas obligaciones. Esta vez, debe firmar y garantizar la credibilidad de la factura que emita el contratista, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador, Roger Iglesias, también amigo de Martínez y quien ocupó su escaño senatorial tras el escándalo de corrupción que protagonizó entre el 2010 y el 2011.

La corporación de Roark Annunziato, según el contrato, 'realizará investigaciones, redactará informes y mensajes especiales. Se encargará además de dar seguimiento a todo asunto legislativo pendiente o por proponerse para la consideración en el Senado de Puerto Rico y dará seguimiento al trabajo legislativo de las Comisiones del Senado así como otras tareas relacionadas que le sean asignadas'.

Roark Annunziato se graduó de abogado en el 2010 y en mayo de ese año solicitó admisión a la profesión en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En medio de esas gestiones, tuvo que descubrir que se involucró en un caso criminal en la jurisdicción judicial de Estados Unidos en la Isla, cuando fue acusado por un gran jurado de cargos relacionados con una intervención federal con un sujeto que llevaba en su auto dinero en efectivo y que se presume que era producto del narcotráfico.

Se asegura que Roark entró a la residencia y divisó el dinero y más tarde volvió a la misma, se desconoce con qué intenciones. Una vez tuvo que relatar la intervención en un documento oficial, se alega que mintió por lo que fue acusado por un gran jurado en unión a otro agente.

En ese momento, Roark Annunziato laboraba para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus sigla en inglés), pero no llegó frente a la jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo ni a la sala del juez, José A. Fusté, como testigo de la fiscalía, sino como acusado de cargos graves.

La burocracia judicial federal y un acuerdo con un fiscal de otra jurisdicción que vino a ver el caso contra el entonces agente de ley y orden, lo hicieron firmar un acuerdo de alegación por un delito menos grave, relacionado con negligencia en el cumplimiento del deber. Los cargos originales se relacionaban con obstrucción a la justicia, conspiración y proveer información falsa.

El Tribunal Supremo acogió a Roark como abogado, una vez completó estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, por entender que los delitos por los que tiene un expediente criminal, relacionado con su responsabilidad de supervisión, 'no implicaban impedimento para ser admitido al foro' por lo que certificó la buena reputación del licenciado y convicto.

Pesquisa Boricua intentó contactar al presidente del Senado, Rivera Schatz, para confrontarlo con la nueva contratación de Roark con fondos públicos. No hubo respuesta de su asesor en prensa, Eric Toro.

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