Tras más de tres años de litigio a nivel federal, el juez Francisco Besosa determinó que tanto el ex Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, como dos agentes y otros supervisores de la uniformada tendrán que enfrentar juicio en el caso civil que lleva la familia de Miguel Cáceres, asesinado en Humacao a manos del agente Javier Pagán en agosto de 2007.

Según explicó la representante legal de la familia de Cáceres, Judith Berkan, 'esto quiero decir que contrario a lo que alega la defensa, hay suficiente base para ir a juicio con la que se pudiera responsabilizar a los supervisores' de Pagán.

De la orden emitida el lunes en la noche, se desprende que los demandados tienen que enfrentar juicio por posibles violaciones a la Cuarta Enmieda de la Constitución de los Estados Unidos por uso excesivo de fuerza.

Además de Toledo, el agente Carlos Sustache y la agente Zulma Díaz, quienes estuvieron con Págan al momento de los hechos, tendrán que enfrentar juicio precisamente porque según los documentos, no hicieron nada para evitar el abuso de fuerza.

También se incluye al Coronel Edwin Rivera Merced, ex director del área de Humacao; el Teniente Víctor Cruz, el Sargento Rafael Figueroa Solís, y Juan Colón Báez, quienes fueron directores de la Unidad de Operaciones Tácticas en Humacao entre los años 2006 y 2007.

'Esta decisión lo que hace es confirmar los hallazgos del Departamento de Justicia Federal, en el sentido de que los supervisores de la Policía tienen la responsabilidad para monitorear y disciplinar a sus agentes', sostuvo Berkan.

Apuntó también que ese rol implica que pueden ser responsabilizados 'si fallan en su deber de supervisar o si crean un ambiente que fomente en algún sentido la impunidad en el comportamiento de los agentes que trabajan con la ciudadanía en la calle'.

Berkan señaló que la orden, que aún no establece fecha para juicio, deja en evidencia que si un agente o un supervisor agrede, permite o fomenta la violencia hacia la ciudadanía que están supuestos a proteger 'va a haber consecuencias por esas violaciones de derechos civiles'.