El conglomerado de comunidades aledañas al Caño Martín Peña, que ha librado una guerra legal y mediática con el alcalde del Municipio de San Juan, Jorge Santini, por las tierras de esa región santurcina, catalogó a Henry Neumann, Secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y correligionario del ejecutivo municipal en el Partido Nuevo Progresista (PNP), como su 'aliado', debido a los distintos esfuerzos con el deporte que ha realizado en ese sector.

Lucy Cruz, líder comunitaria del área y presidenta del denominado grupo G-8 que comprenden las comunidades de Barrio Obrero, Marina, Buena Vista Santurce, la Península de Cantera, Israel Bitumul, Buena Vista Hato Rey, Parada 27 y Las Monjas, dijo a NotiCel que, a pesar de la pugna que durante los pasados años han sostenido con Santini sobre los títulos de propiedad de esas tierras, Neumann 'siempre nos ha dado la mano y ha sido nuestro aliado', en cuanto a ayudar a la comunidad se refiere.

'Por ejemplo, cuando José Juan Barea le preguntó por una comunidad para ayudar con su fundación, él nos recomendó', dijo Cruz luego de finalizada una actividad el domingo en la cancha de baloncesto de la Calle 3 de Barrio Obrero, donde Barea y su JJ Barea Foundation otorgaron un donativo económico para la segunda edición del Torneo de Voleibol Comunitario del G-8 que contará con la participación de 110 niños de entre las edades de 11 y 16 años y comenzará el 29 de octubre.

El lema del torneo a celebrarse en Barrio Obrero es 'Quileando la violencia machista', para así prevenir los crímenes contra las mujeres y la violencia doméstica que en los pasados años se han disparado sin pudor. Su principal objetivo no será la competitividad, sino la prevención primaria sobre la violencia contra la mujer. Como un elemento innovador, los participantes deberán tomar talleres de reflexión sobre el tema del género antes de cada práctica.

Esta estrategia es iniciativa del Proyecto Enlace y el liderato comunitario del ‘G-8' y busca impactar positivamente a los 26 mil habitantes de la zona. 'Gracias a la JJ Barea Foundation nuestra gente del Caño Martin Peña puede continuar con su esfuerzo ‘a pulmón' de prevención contra la violencia. Debe estar seguro (Barea) que su aportación económica es una inversión social', dijo la Directora Ejecutiva del Proyecto Enlace del Caño Martin Peña, Lyvia Rodríguez.

El G-8 Inc. se describe como 'una organización sin fines de lucro, incorporada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el Departamento de Estado el 28 de junio de 2004. La misma reúne al liderato comunitario de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. El G-8, Inc. pasa a ser el ente aglutinador que agrupa las organizaciones de base comunitaria, cívicas y recreativas de cada una de las comunidades'.

Indican, además, que su'propósito principal es garantizar la permanencia de las mismas, ante los procesos de realojo propuestos en el Plan de Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña. Mediante el G-8, Inc. se logra crear la legislación que reconoce la participación comunitaria de las comunidades del Caño Martín Peña. A través de la Ley Núm. 489 del 24 de septiembre de 2004, en su Artículo 5, se faculta al G-8, Inc., a someter la terna de candidatos que tanto el Hon. Gobernador como el Hon. Alcalde de San Juan utilizarán para designar los miembros de la Junta de Directores de la Corporación del Proyecto Enlace Caño Martín Peña, que representaran al sector comunitario'.

Parecía que con aquella ley de 2004 y la creación de un fideicomiso para administrar esas tierras en el cual las miles de familias que allí viven tienen injerencia, concepto desarrollado con éxito en otras partes del mundo, las tierras de las comunidades parecían seguras.

Sin embargo, a pocos meses de entrar la administración de Luis Fortuño, en mayo de 2009, el Senado de Puerto Rico mediante un proyecto de su presidente, Thomas Rivera Schatz, y de la senadora por San Juan y ex funcionaria del MSJ, Kimmey Raschke, tomó la decisión de aprobar, sin consideración en vistas públicas, un proyecto que frena la transferencia de terrenos gubernamentales a las comunidades pobres que viven próximas al Caño Martín Peña.

Ese proyecto, la Ley 32, deroga un artículo de 2004 que dispone que los terrenos del gobierno estatal y municipal que están en el área de las comunidades pasarán a ser parte del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, entidad que pertenece a la Corporación para el Desarrollo Integral del Caño Martín Peña y se ocupa de administrar las tierras.

Asimismo, en vistas públicas en la Cámara y según se reseñó en la prensa nacional, se evaluó una medida similar presentada por el represente José 'Nuno' López, donde Santini favoreció las enmiendas indicando que el reclamo de titularidad de los residentes no se sostenía en derecho porque partía de la premisa de que el derecho de propiedad de cada municipio está sujeto a los caprichos de la Asamblea Legislativa.

Curiosamente, ahora Raschke se encuentra sin el aval de Santini para el próximo cuatrienio y, en aquel momento y durante los pasados dos años y medio, tanto Cruz como Rodríguez han deplorado la actitud tomada por el Gobierno de turno con respecto a esta situación que aparentaba haberse solucionado con la Ley Num. 489 de 2004.

'La gente de la comunidad se siente agraviada porque en cinco minutos se despachó una medida que, de ser aprobada finalmente, destruye ocho años de trabajo voluntario fuera de líneas partidistas. El esfuerzo ha sido siempre para sumar a los objetivos de la comunidad y es indignante ver como se despachó una medida crucial sin oportunidad de vista pública, sin solicitar comentarios a la comunidad', sentenció en aquel momento Rodríguez en entrevista con El Nuevo Día.

La pugna fue llevada hasta Boston, donde el pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo de los EEUU no acogió un recurso de certiorari presentado por el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, mediante el cual se cuestionó el fin público de la ley que le arrebató las tierras a los residentes de las comunidades del Caño. El Tribunal Supremo de los EE.UU. acoge aproximadamente uno de cada 180 recursos de certiorari que se le presentan.

'Nosotros estábamos conscientes de las pocas probabilidades que hay de que el Tribunal Supremo acoja un recurso de certiorari, pero decidimos presentarlo y agotar todos los recursos legales a nuestra disposición.Nuestras comunidades quieren permanecer y beneficiarse de las mejoras al Caño.Se trata de las tierras que construyeron nuestros abuelos.No nos vamos a conformar con migajas. Queremos dejar claro que nuestro Fideicomiso continúa trabajando por la comunidad.A pesar de los retrocesos que ha implicado la Ley 32, que nos deja a merced de los especuladores, seguimos buscando formas para proveer vivienda accesible a nuestras familias', dijo a la prensa en aquel momento Cruz, quien, junto a Rodríguez, confirmó el domingo a NotiCel que continúan dando la batalla para que las familias no pierdan las tierras.

Conforme a la Constitución, para que el gobierno expropie bienes privados tiene que mediar un fin público y justa compensación.En abril de 2010, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó que la Ley 32 tiene un fin público, y abrió las puertas para que el Fidecomiso reclame justa compensación.

De igual forma, no es la primera vez que Neumann y Santini han estado apartados en asuntos gubernamentales. El mes pasado, el máximo líder del DRD se manifestó durante una entrevista con NotiCel sobre la ausencia del béisbol profesional en la Capital, tras confirmarse que ni los Cangrejeros de Santurce ni los Senadores de San Juan participarían en la pelota invernal.

'Sería beneficioso que (estos deportes) tengan una sede en San Juan, pero el alcalde Santini tendrá sus razones para lo que sucede', respondió Neumann en aquel entonces ante interrogantes de la prensa en una actividad para presentar el Puerto Rico Baseball Classic de Ligas Menores, en el coliseo Felipe Ralat de Toa Baja.

'Lo que sí te puedo decir es que la directora de la Oficina de Recreación y Deportes del Municipio, Mari Batista, siempre ha estado a la disposición de trabajar de la mano con el DRD para resolver cualquier problema que haya. Sí puedo decir que me consta que en el Bithorn se juega mucho soccer de categorías menores. Nosotros en el DRD creemos que los intercambios con los programas del Municipio son muy beneficiosos y estamos disponibles para seguir trabajando juntos', apostilló Neumann en aquel momento, sin muchas más alusiones a Santini.