La administración de la Universidad de Puerto Rico tendrá que reproducir un inventario del caudal de bienes muebles e inmuebles que ha devengado por herencias no reclamadas o, al menos, desarrollar argumentos que expliquen su ineficiencia en documentarlas. Esto, luego de que en días recientes la juez Giselle Romero García concediera un plazo de unas tres semanas para que las partes intentaran llegar a un acuerdo y los demandantes evaluaran el listado que se entregó.

Según detalló a NotiCel el licenciado Hans Perl, quien pertenece al comité de múltiples sectores de la institución que presentó la demanda, tanto el Departamento de Justicia como la administración universitaria presentaron el pasado martes en sala un lista 'bien limitada'.

'Me parece que es una cortina de humo, era un lista de un poco más de 40 bienes. No se ofrece mucha información', denunció sobre los documentos que proveyeron el Departamento de Justicia y la UPR, que se supone rindan un informe desde el 1903, según dispone la ley.

Perl explicó además que los documentos 'ni tan siquiera incluían número de caso ni algún otro detalle'.

Del documento de la UPR -que data del 2005- se desprende una lista de 13 propiedades que pertenecen y que fueron adquiridas a través de herencias. Mientras que en el lista de Justicia se presentaron 47 casos sobre bienes que no necesariamente se circunscriben a asuntos de herencias no reclamadas.

Por otra parte, la administración y el gobierno se han pasado la papa caliente sobre la responsabilidad de quién debió haber mantenido récord sobre dichos bienes. Y es que el presidente de la institución, Miguel Muñoz; la ex presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera y la Junta como tal alegan que no mantienen ni desarrollan un registro para identificar las herencias; al mismo tiempo que el Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, alegan que existe un procedimiento en que al momento de una defunción sin heredero se le avisa a la UPR y se le declara propietario.

Las organizaciones que sometieron el recurso legal el pasado 23 de junio son: la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios (CONAPU), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Excentos No Docentes, el Sindicato de Trabajadores de la UPR, el Comité de Representación Estudiantil, el Consejo General de Estudiantes, padres y egresados.

El plazo otorgado a las partes vence el 15 de noviembre.