Telefónicas obligan el detente de pesquisa por fraude
Tal parece que a las compañías de telecomunicaciones no les interesa que se indague mucho sobre el supuesto fraude que cometieron los ciudadanos al subsidio otorgado para servicios de telefonía.
Y es que tras la información revelada por la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), la licenciada Sandra Torres, de que alrededor de 200 mil personas en Puerto Rico habían cometido fraude al programa de subsidio de servicio de teléfono residencial o celular, el Tribunal le ordenó paralizar cualquier investigación en proceso.
Así informó Torres a NotiCel, a través de Wlmelis Márquez, portavoz de prensa de la JRT. Y detalló que las compañías de telecomunicaciones presentaron un recurso legal y el Tribunal ordenó a la JRT a detener la investigación hasta que se resuelva la controversia en dicho foro judicial.
En el portal de la JRT se menciona que las compañías que proveen este servicio son Open Mobile, T-Mobile, At<><><><><><><><><>&T, PRT, Sprint, Claro, World Net, Trackfone./p
pSegún la funcionaria unas 3/4 partes de las 200 mil personas que cometieron fraude en los subsidios otorgados por medio del Fondo de Servicio Universal, fueron por los servicios de celular, y el restante en los teléfonos residencial./p
pAl momento, la agencia desconoce las pérdidas económicas con relación a este fraude. No obstante, Márquez aclaró que el Estado aporta $3.50 a cada persona subsidiada y el gobierno federal unos $10 mensuales. Esto quiere decir que la Isla perdió al menos cerca de $700 mil mensuales en fondos estatales./p
pTorres dio a conocer el alegado fraude en una vista pública en el Senado, en la que también señaló que la compañía Solix, que administra el Fondo, nunca notificó a la JRT sobre las irregularidades con el programa de subsidios. La empresa que devengaba unos $167 anuales, pudiera perder el contrato de administrar dicho Fondo y este pasar a manos de la JRT, como persigue el P. del S. 2139./p
pPese a los intentos de NotiCel, no había sido posible conseguir una reacción de la senadora Lornna Soto, presidenta de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas./p