El Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) demandó a dos de las corporaciones religiosas del pastor Rodolfo Otoniel Font por incumplimiento de contrato al dejar de efectuar pagos relacionados a hipotecas concedidas hace más de 6 años, y pidió quedarse con la Torre de Oración y el acuario de la Iglesia Fuente de Agua Viva.

Según se conoce de la demanda en manos de NotiCel, hasta el pasado 12 de julio, Misión Cristiana Fuente de Agua Viva y el Concilio Misión Cristiana Fuente Agua Viva adeudaban al banco poco menos de $16,000,000: $15,773,372 de principal y $169,458.28 por intereses vencidos, los cuales seguirán acumulándose diariamente.

Del contrato de financiamiento, concretado el 15 de julio de 2005 y enmendado en múltiples ocasiones, se desprende que el BPPR concedió a Misión Cristiana Fuente de Agua Viva una línea de crédito rotativa por la cantidad máxima de hasta $17,000,000, con el compromiso de 180 pagos mensuales de $94,444.44 y los intereses. También, un último pago para cubrir el total adeudado a la fecha de terminación, el 31 de marzo de 2011.

Los fondos del préstamos serían utilizados solo para refinanciar 'el balance de tres préstamos previos de la Deudora con el Banco y para financiar parcialmente la construcción de un edificio a ser conocido como 'La Torre de Oración', así como la construcción de un acuario', estructuras ambas que ubican en los predios de la sede de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina.

Sin embargo, el recurso legal apunta a que 'los codemandados incumplieron con sus obligaciones para con el Banco, según los términos y requerimientos del Contrato de Préstamos, al dejar de efectuar los pagos estipulados de principal e intereses'.

El Pastor Rodolfo Otoniel Font, derecha, en una actividad reciente con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Además de las cantidades líquidas y exigibles, la institución bancaria solicitó el repago de los honorarios de abogados y costos de litigio por la cantidad de $1,700,000. Esto, tras asegurar que ya 'han transcurrido todos los periodos de gracias y/o moratorias concedidos por el Banco para que la Deudora y/o el Garantizado efectuaran dichos pagos'.

De no realizar los pagos, el BPPR ha solicitado permiso para ejecutar las instalaciones que entregaron como garantía a las deudas: la sede de ambas corporaciones religiosas que ubican en la Urbanización Sabana Abajo Industrial Park en Carolina.

Al momento, el juez Superior del Tribunal de dicho municipio, Yamil Marrero Viera, concedió un plazo de 60 días para diligenciar los emplazamientos.

'De no diligenciarse los emplazamientos dentro del término de 60 días aquí dispuesto, se apercibe a la parte demandante que se impondrán sanciones económicas y/o la desestimación de la presente causa de acción sin perjuicio', lee la orden con fecha del pasado 19 de octubre.