Un tribunal de Primer Instancia del Centro Judicial de San Juan emitió en la tarde del miércoles un interdicto preliminar que determina que las cartas de intención de destitución de 10 empleados identificados con el Partido Popular Democrático (PPD) en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) son nulas.

El interdicto, emitido por el juez Angel R. Pagán Ocasio, indica que 'se expide el ‘injunction' preliminar declarando las notificaciones de intención de destitución nulas por incumplir el requisito de adecuada notificación y de descripción de prueba. Se ordena a los demandados volver a notificar las mismas cumpliendo con la normativa atinente al particular.

Son diez los empleados del ACT que demandaron en septiembre tras recibir cartas de despido de sus distintos puestos de confianza: la licenciada María Judith Haddock López, Brunilda Torres De Jesús, Anselmo Santiago Maldonado, María Milagros de la Torre Morales, Carmen Zoraida Díaz Soto, Irma R. Moyeno Valle, Edwin Meléndez Sojo, Mildred Fernández Abadía e Iveillese R. Gorbea Class y Angel L. Valle Valle. Todos son militantes de la base del partido popular, algunos incluso han sido candidatos a puestos electivos o familiares de algunos, e, incluso, Valle Valle fue secretario personal de la ex gobernadora Sila María Calderón.

El abogado de los empleados, el licenciado José Morales, indicó que 'la corte se dio cuenta de que violaron los sus debidos procesos de ley y de que violaron los derechos constitucionales de estos empleados'.

'Son 10 empleados que habían servido en puestos de confianza en la ATP, que habían sido seleccionados por razones de ideas políticas. Incluso, un líder de los empleados penepés fue el que les dio las cartas de destitución que ahora son nulas a estos empleados. A estos empleados, claramente, los tenían identificados, algunos habían sido candidatos a puestos electivos y hasta había un ex secretario personal de Sila Calderón, pero la sentencia del juez ni siquiera tuvo que ver la parte del discrimen político, pues las mismas cartas son tan violatorias al proceso de ley que no hizo falta. Las mismas cartas están mal', apostilló sobre las misivas entregadas a los empleados a finales de septiembre pasado.

Al cuestionársele si entiende que los abogados de la ATP y el Estado Libre Asociado (ELA) apelarían la decisión, Morales dijo que 'a mí ya nada me sorprende', pero si lo hacen, entiende que 'no debe ir a ningún lado. Veremos a ver'.

Explicó el letrado además que durante este proceso, los empleados no llegaron a ser suspendidos de empleo o sueldo, y que tras esta decisión 'continuarán mañana (jueves) como cualquier otro día de trabajo normal'.