La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) coincidió con el Centro Unido de Detallistas (CUD) y reconoció que ya existe un estatuto vigente para la reducción y el reciclaje de los desperdicios sólidos a nivel local y que aplica a todos los sectores, incluyendo el privado. Mientras, se evalúa un proyecto que exigiría mayor compromiso exclusivamente a los establecimientos de comida preparada.

'Entendemos que la legislación vigente atiende el manejo adecuado de los residuos sólidos generados por el sector privado', lee la ponencia presentada el miércoles por la ADS en referencia a la Ley 70 que data de 1992.

De hecho, la postura firmada por el director ejecutivo de ADS, Elí Díaz Atienza, apunta a que más que una nueva ley, lo que corresponde es depositar esfuerzos en 'fiscalizar la implantación de los planes de reciclaje de ese sector'.

Entre las recomendaciones que se la da a los municipios para lograr que el compromiso de las empresas privadas son: aprobar una ordenanza municipal para que las empresas en su jurisdicción segreguen y reciclen materiales; fiscalizar la implantación de sus planes de reciclaje; y establecer multas por incumplimiento.

El pasado mes de septiembre, el titular de la agencia había mostrado el respaldo a la medida 2193, siempre y cuando, la responsabilidad económica de reciclar no recayera sobre los municipios, como establece el proyecto que se evalúa ante la Comisión de Recursos Naturales en el Senado, por lo que en su ponencia aprovechó para enfatizar sobre este particular.

'En todo caso el manejo de los desperdicios y los costos asociados deber ser parte de las operaciones del negocio, así se asegura el aumento del material del reciclaje recuperado y la calidad, mientras se minimizan los costos de operación', sostuvo en referencia a que el recogido de la basura es mucho más caro que el de material de reciclaje.

Desde un principio el CUD mostró reparos con el proyecto por entender que la medida es repetitiva, onerosa y exclusiva para un sector.

Según el presidente del Centro, Ignacio Veloz, es injusto tratar de establecer una ley de separación de desechos reciclables y orgánicos en los establecimientos de comida preparada cuando el mismo gobierno ha sido incapaz de cumplir con el estatuto existente.

Veloz argumentó que pese a que la medida apunta que no representará un 'gasto adicional para la empresa de expendio de comida', la implementación y los contenedores suelen resultar muy costosos.

En la vista del miércoles también participó la organización Students in Free Enterprise de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, quienes trabajaron en la redacción de la medida 'por la preocupación ante la crisis ambiental del país'.

Reconociendo la iniciativa de los estudiantes, Díaz Atienzo sugirió que 'para cumplir con los fines que inspiraron la redacción de este proyecto, los establecimientos de comida rápida podrían asignar un segundo recipiente para depositar materiales reciclables a ser manejados por una empresa contratado o la Oficina de Riciclaje Municipal, según acordado'.

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