Varios expertos coincidieron en que el borrador de la Evaluación Ambiental publicada por el Cuerpo de Ingenieros ‘refleja un análisis prejuiciado e incompleto’ sobre un proyecto con la magnitud como la del gasoducto, y que pretende suplir más de la mitad de la energía del país.

Según el abogado Pedro Saadé, ‘sería una locura continuar con el proyecto a base de este documento’, ya que se restó importancia a asuntos medulares, como la seguridad. Y es que, pese lo que han constatado las mismas explosiones recientes en Estados Unidos y otros países, en la evaluación se señaló que no ‘hay argumentos científicos de que las personas que viven cerca de donde pasaría la tubería, están en riesgo’.

Saadé apuntó a que la conclusión de que el gasoducto no representa un impacto significativo parece justificar que ‘se eviten los gastos de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) federal’. Evidencia de ello, es el poco mérito de los cuestionamientos que habrían hecho agencias federales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS), otros expertos, y la ciudadanía.

Mientras que el portavoz de la organización comunitaria Casa Pueblo, Arturo Massol, destacó que el estudio es ‘irresponsable porque no entra en profundidad en los detalles, ya se que limita al tubo y sus alineaciones y no evalúa otras alternativas para atender la situación energética del país’.

Asimismo, Juan Rosario, portavoz de la Mesa de Diálogo Energético, cuestionó la seriedad del análisis y lo catalogó como ‘una falta de respeto’ porque después de un año presentaron un estudio en el que se ‘enfocaron en evaluar el propósito de hacer llegar gas al norte y no en el proyecto, perse, y las alternativas e impactos, incluyendo los económicos’. Para Rosario, el estudio representa una movida de la Autoridad de Energía Eléctrica en que se ha ‘descubierto como poner en suspenso el razonamiento del Cuerpo de Ingenieros’.

Massol sostuvo además que como el Cuerpo de Ingenieros no quiso entrar en la controversia sobre si realmente hay la capacidad para suplir gas a los 92 millas de tubería que se extendería del sur al norte de la Isla, ‘están reconociendo que, en efecto, no lo hay’.

Tanto Massol como Saadé insistieron en que es un acto de ‘injusticia’ el que no se garanticen las vistas públicas pese a los ‘numerosos reclamos’ que reconoce el mismo informe.

‘En un proyecto tan importante se puede tomar como que no respetan la opinión. Por lo menos, se debió anunciar si se iban a dar o no. Tiene información más que suficiente para decidir’, argumentó Saadé sobre las más de 6,000 comentarios que ha recibido el Cuerpo de Ingenieros.

Aún así, Saadé se mostró esperanzado porque queda pendiente la versión final de la Evaluación Ambiental que, como bien establece el documento, pudiera cambiar con los comentarios que reciba durante este periodo y porque el ‘permiso no ha sido garantizado’.

Tampoco se ha emitido comentario sobre el impacto sobre las aguas y si, en efecto, el proyecto responde al interés público.

‘A la larga, la decisión es del pueblo de Puerto Rico por los riesgos y daños ambientales y no de los burocráticos que escribieron esto’, denunció el perito licenciado.