Miembros de la organización sindical de Servidores Públicos Unidos, local 229, denunciaron serias violaciones por parte del Instituto de Ciencias Forenses a leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, y el estancamiento del convenio colectivo.

Según explicó la oficial de Salud y Seguridad de la organización, Lyzette Reyes, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento del Trabajo ha emitido al menos cinco ‘multas serias’ por asuntos ‘recurrentes de salud y seguridad en la Sala de Autopsias’.

Entre ellas, se destaca la falta de adiestramiento del personal que, al igual que Reyes, como técnicos de patología forensenses, se encargan del ‘trabajo duro’ de las autopsias.

Tampoco, indicó, conocen el Manual de Emergencias interno.

Por otra parte, sostuvo Reyes, ya los patólogos superaron la cantidad de autopsias que pueden hacer, según establecen los requisitos para la acreditación con el fin de asegurar control de calidad.

Al igual que Reyes, la vicepresidenta de la organización que representa a los empleados del Instituto, Carmen Suliveras, cuestionó el compromiso de la directora de la agencia, María Conte Miller, por las dificultades en la negociación del convenio.

‘No hay voluntad para negociar seriamente. Llevamos cinco meses en la mesa y cada vez que alcanzamos un acuerdo, lo olvidan en la próxima reunión. La doctora Conte, quien piquetió con nosotros en el pasado, cuado era unionada, sabe lo que es luchar por los derechos de los empleados. Parece que eso se le olvidó’, argumentó.

Suliveras apuntó a que los acuerdos del convenio se extendieron por un año, salvo las clausulas económicas, que son las que persiguen negociar.

‘Ya se habían acordado dos bonos y a último momento, se echaron para atrás’, dijo Suliveras, tras señalar que desde los recortes de empleados de la ley 7 el limitado grupo se ha visto obligado a trabajar más fuerte, sin lograr mejorar las condiciones del empleo.