La jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez informó el jueves el arresto de 10 personas involucradas en un esquema de fraude contra el programa del Medicare.

Rodríguez explicó en conferencia de prensa que el pasado 12 de enero un Gran Jurado federal emitió dos pliegos acusatorios por cargos de conspiración para cometer fraude al programa Medicare en los que participaron empresarios, empleados de empresas ligadas al sector de la salud y un médico.

Entre los acusados figuran Gilberto Gómez, presidente de las compañías Monte Mar Health Corporation con sede en Vega Alta, Promeds Medical Inc., ubicada en Trujillo Alto y Quality Care Medical Supply de Cabo Rojo y Yolanda García Rodríguez, esposa de Gómez. Ésta era presidente de Promeds, secretaria y tesorera de Monte Mar y oficial autorizado de Quality.

Además, fueron acusados los coordinadores de ventas independientes Lissette Acevedo, Luisa Nieves, Mario Rivera y Marcos Segarra, así como el doctor Francisco Garrastegui y Glendaly Báez, directora de facturación de las compañías antes mencionadas.

Estas personas enfrentan 39 cargos por conspiración para cometer fraude y una orden de confiscación de un millón 956 mil 750 dólares con 54 centavos.

Además, se intervinieron dos cuentas de banco, una cuenta de inversión y un apartamento en el condominio Gallery Plaza ubicado en el Condado.

Según el pliego acusatorio los implicados a través de la compañía Monte Mar sometieron entre noviembre de 2008 y mayo de 2010, 1,518 facturas falsas para reclamar de forma fraudulenta al Medicare, un total de dos millones 993 mil 127 dólares con 35 centavos, por concepto de equipo médico que no era 'medicamente necesario'. Esta acción generó un desembolso de aproximadamente un millón 440 mil 597 dólares con 65 centavos.

En marzo de 2010, el Medicare, colocó a la compañía Monte Mar bajo el status de prepago, situación que implica la solicitud de información adicional a la empresa que emite la factura como información relacionada a recetas, certificaciones médicas, órdenes, entre otros documentos.

Los acusados Gilberto Gómez y Yolanda García procedieron entonces a adquirir la compañía Promeds, bajo la cual introdujeron 359 reclamaciones falsas para reembolso por sillas de ruedas motorizadas y otros equipos médicos. Estas reclamaciones sumaron 786 mil 368 dólares con 34 centavos, de los cuales Medicare desembolsó 335 mil 493 dólares con 12 centavos.

Gómez y García Rodríguez adquirieron una tercera compañía identificada como Quality luego que Medicare también colocó a Promeds en status de prepago.

Desde octubre de 2010 hasta mayo de 2011, Quality introdujo cerca de 115 reclamaciones falsas por un monto aproximado de 298 mil 321 dólares con 26 centavos, de los que el Medicare pagó 180 mil 659 dólares con 77 centavos.

El monto total del fraude descrito en el citado pliego acusatorio alcanza los cuatro millones 77 mil 816 dólares con 95 centavos, tomando en cuenta las facturas sometidas por las tres empresas que se tradujeron en un desembolso de un millón 956 mil 750 dólares con 54 centavos por parte de Medicare.

El doctor Garrastegui, con licencia para la práctica de la medicina en Puerto Rico, pero que no era un proveedor de Medicare, completaba y firmaba notas falsas, recetas, certificados de necesidad médica y status de órdenes médicas para alegados beneficiarios del Medicare que aparecían en las facturas de las referidas empresas y recibía pagos de estas tres corporaciones por preparar los documentos fatulos.

En el segundo pliego se acusa a Luz M. Vega, presidenta de Preferred Medical Equipment, nuevamente al doctor Francisco Garrastegui y Lissette Acevedo, así como a Luisa Nieves y a María Elisa Pérez.

Según describe el documento, entre abril de 2010 y marzo de 2011, Preferred Medical introdujo reclamaciones falsas solicitando el reembolso por equipo médico como sillas de ruedas eléctricas, accesorios para sillas de ruedas y camas de hospital, entre otros.

Los co-conspiradores sometieron un total de 95 reclamaciones fatulas por un monto de 210 mil 223 dólares con 47 centavos, causando que Medicare tuviese que desembolsar aproximadamente 107 mil 876 dólares con 73 centavos. El gobierno federal reclamó una orden de confiscación en este caso por esta misma cantidad de dinero, así como la intervención en una cuenta de banco.

Los acusados Gilberto Gómez, Yolanda García Rodríguez y Glendaly Báez enfrentan además cargos por robo de identidad agravada.

De acuerdo a la Jefa de la Fiscalía Federal en la Isla, los acusados podrían enfrentar 10 años de cárcel y dos adicionales de forma consecutiva en el caso de los acusados por robo de identidad, además de multas que podrían ascender a 250,000 dólares.