El candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la Gobernación, Alejandro García Padilla, y su compañero de papeleta como aspirante a comisionado residente, Rafael Cox Alomar, no pudieron entrar a la cárcel El Zarzal en Río Grande, donde habrían sido invitados a una actividad por los confinados, porque alegadamente se consideró un reglamento contrario a la ley vigente y se les negó el permiso. Corrección ofreció una versión radicalmente distinta de los hechos.

García Padilla indicó a través de un comunicado de prensa que la administración del gobernador Luis Fortuño violó un reglamento en ley con el único fin de no permitirles la entrada a la cárcel.

El candidato del PPD y senador tenía previsto presentar a los confinados un proyecto de su autoría dirigido a garantizar el derecho de los presos a recibir visitas en la institución penal como parte de su proceso de rehabilitación, explicó.

'Es lamentable que el Gobierno le haga este desplante a los confinados por no saber separar las gestiones oficiales gubernamentales de la política partidista. A ningún funcionario electo del gobierno de turno se le había negado la entrada a ninguna institución penal, más sin embargo, en el día de hoy le hacen este desplante a los confinados por desesperación y mesquindad (sic) política', expresó García Padilla.

Dijo que el reglamento regular de visitas a los confinados, aprobado el 18 de noviembre del 2008, permite que se realicen actividades dentro de las instituciones correccionales, siempre y cuando no representen un riesgo de seguridad.

Además de sus familiares, los confinados deben someter un listado de sus invitados, proceso que les permite llevar desde amistades hasta artistas, figuras reconocidas y funcionarios públicos. García Padilla aseguró que ese proceso se llevó a cabo, pero que, sin embargo, la sub-secretaria de Corrección, María V. Marcano, aludió a un reglamento del 2006 que ya no es vigente para no permitirle la entrada.

Sin embargo, Marcano dijo en otro comunicado de prensa, posterior, que 'ni es cierto que García Padilla fue invitado por un grupo de confinados, ni es cierto que los reglamentos del DCR le permiten entrar a hacer política, ni es cierto que los confinados necesiten que el candidato les garantice el derecho a las visitas, porque éste ya está garantizado por disposición federal'.

La subsecretario de Corrección aseguró que 'en medio de una actividad de confinados y familiares, llegó a nuestra institución un abogado de nombre Juan E Medina Quintana, quien se identificó como representante del candidato García Padilla, alegando que él y unas 12 personas, entre las que estaban los candidatos del PPD, estaban invitados por un confinado a la actividad. Le aclaramos que ésta era una actividad de familiares y confinados y que la misma tenía como único propósito contribuir a la rehabilitación de los confinados, por lo que los reglamentos no autorizaban a permitir la entrada de candidatos políticos a las instituciones. Este comenzó a citar erróneamente los reglamentos por lo que le comunicamos vía telefónica con nuestro asesor legal, quien le aclaro los mismos'.

Marcano insistió a que contrario a lo expresado por García Padilla, el reglamento de Corrección de 2008 establece que el objetivo de las actividades especiales celebradas en las instituciones tiene como único propósito estrechar los lazos entre el confinado y sus familiares.

'En ningún lugar, se da espacio para interpretar que los candidatos pueden ir a hacer política dentro de las cárceles', añadió.

Añadió que el Reglamento de 2006, 'contrario a lo indicado por García Padilla por escrito sí está totalmente vigente, establece que una visita especial es considerada como un clérigo, ministros, pastores, rabinos, con recomendación previa de la unidad de capellanía, patronos anteriores o prospectivos, fiadores, contables, socios, empleados, exempleados, periodistas, profesores universitarios, psicólogos, psiquiatras u otros profesionales de la conducta, empleados de agencias de gobierno que coordinan servicios con la agencia, empleados de agencias públicas y privadas'.

'Los candidatos del PPD García Padilla ni Cox Alomar cualifican bajo ninguno de estos renglones', subrayó Marcano.

'A esto le sumamos que el alegato del candidato popular de que fue invitado por un grupo de confinados es totalmente falso', aseguró la subsecretaria, quien insistió en que un confinado, a quien 'intentaron utilizar para acceder a la institución, aclaró por escrito al DCR que éste no invitó a García Padilla ni a ninguna de las 13 personas que intentaban entrar a la institución. Este explicó que un abogado de nombre Juan E. Medina Quintana, le trajo una lista de los miembros del comité de campaña y candidatos del PPD que querían acceder a la institución, incluyendo a García Padilla y Rafael Cox Alomar', indica el comunicado de prensa de Corrección.

Marcano defendió que los candidatos a la gobernación no entran a las cárceles a hacer política. 'El gobernador Fortuño entró por primera vez en una cárcel un mes después de convertirse en gobernador en 2009. Como candidato nunca pisó una cárcel', enfatizó.

'García Padilla debería saber que incluso los candidatos previos a la Gobernación de su propio partido, tampoco entraron a las cárceles a hacer política', dijo la subsecretaria del DCR.

En el comunicado de García Padilla, el candidato del PPD expresaba que 'uno de los pilares fundamentales del plan anti-crimen que presenté esta semana es la rehabilitación. La oportunidad que tengan los confinados de compartir con sus seres queridos es imprescindible para que un reo pueda encaminarse efectivamente en la ruta de la re-inserción a la sociedad. Por eso, quise presentarles una medida que radiqué para que la visita a confinados sea establecida por ley, salvo en circunstancias especiales donde exista un riesgo de seguridad. Tengo un compromiso firme con la rehabilitación de los confinados para adiestrarlos, educarlos y darle las herramientas que necesitan para que no reincidan en su conducta delictiva. Lamento mucho que el Gobierno les haya hecho este desplante'.

El proyecto del Senado busca que se declare política pública del País el reconocer el derecho de los confinados y confinadas de Puerto Rico a recibir visitas por parte de sus familiares como parte integral de su proceso de rehabilitación, el cual no debe privarse de forma arbitraria.

García Padilla propone desarrollar centros de estudio en las cárceles y establecer como requisito el tener educación formal primaria y secundaria para optar por el privilegio de libertad condicional, se informó.

Además, propone expandir los programas ya existentes de buprenorfina y metadona en las cárceles con su debido seguimiento, ampliar la cobertura de los programas de trabajo para toda la población penal que alcance los niveles de clasificación de seguridad mediana y mínima y establecer un plan para fomentar el desarrollo de capacidades empresariales y de autogestión entre miembros de la población penal.