El histórico 'autogolpe' que ejecutó el Juez Presidente del Tribunal Supremo, al contratar a un exfiscal para investigar a todos los jueces del foro a la vez que el Senado mueve una investigación en contra suya, han llevado sobre la mesa las solapadas luchas partidistas que los jueces solían librar más calladamente en las opiniones de los casos.

La movida fue develada en primera plana de El Nuevo Día y al parecer era un as bajo la manga del jefe de la Rama Judicial Federico Hernández Denton, al punto que los jueces asociados nombrados por el gobernador Luis Fortuño, y que ahora tienen un bloque mayoritario de seis de las nueve sillas del Supremo, dijeron ayer que se enteraron de la jugada por la prensa.

Con la ola del impacto de la portada, Hernández Denton, confirmó la contratación del licenciado César López Cintrón como investigador independiente para llevar a cabo una pesquisa sobre los recientes señalamientos públicos de uso indebido de recursos en la Rama Judicial y aclaró que la misma no está dirigida particularmente a ninguno de los jueces y juezas del Tribunal Supremo ni de ningún otro tribunal. López, quien ha sostenido disputas públicas con el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, había hablado con NotiCel sobre los retos investigativos de los casos de mal uso de escolta, parte de lo que se imputa a Hernández Denton.

'Tal como informó la Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, la investigación está cimentada en el poder inherente que tiene la Rama Judicial para investigar el uso de sus recursos a los fines de tomar las medidas correctivas, si alguna, que sean necesarias a la luz de los hallazgos del informe', dijo Hernández Denton en un comunicado.

Los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Erick Kolthoff, Mildred Pabón Charneco, Edgardo Rivera, Luis Estrella, y Roberto Feliberti, se unieron para emitir un comunicado reproducido aquí íntegramente en el que colocan la contratación bajo la luz de un uso criminal de fondos públicos:

'En el día de hoy sorprendentemente hemos advenido en conocimiento mediante la prensa de una investigación anunciada por la Directora de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT). Consideramos que esa acción podría interferir con las investigaciones que actualmente confronta el Juez Presidente, Federico Hernández Denton y la Oficina de la Administración de Tribunales que dirige la jueza Sonia Ivette Vélez ante las otras ramas constitucionales del Gobierno. Ante el daño que lo anterior le puede ocasionar a la Rama Judicial nos vemos en la obligación de emitir las siguientes declaraciones.

Desde que juramos a nuestros cargos hemos insistido en que los fondos y recursos de la Rama Judicial se utilicen adecuadamente y con transparencia. Velar por el buen uso de los recursos y fondos públicos es un fin legítimo y ha sido nuestra política que al pueblo se le rinda cuenta de ello. Sin embargo, ante las serias imputaciones que confronta el Juez Presidente Federico Hernández Denton, resulta altamente sospechosa e inoportuna la contratación de un exfiscal especial independiente para realizar una investigación a razón de $200.00 por hora hasta un máximo de $100,000 en 6 meses. Esto, en momentos en que los empleados de la Rama Judicial le exigen justicia salarial y se alega de parte de la OAT falta de recursos.

Nuestro deber ministerial es velar por la transparencia y la corrección de todos los procesos administrativos en nuestra Rama. No es apropiado realizar transacciones con fondos públicos para interferir con procesos legítimos e investigativos de otras ramas de gobierno. Esto es de suma importancia ya que es de conocimiento general que varios alguaciles y otros funcionarios han testificado en dichos procesos los cuales están en curso al presente.

Iniciar una investigación en estas circunstancias no constituye un fin público y lesiona el buen nombre de los jueces y juezas de toda la Rama Judicial'.

Por su parte, Rivera Schatz, manifestó que confía que la investigación que la Administración de Tribunales le ha encomendado a López Cintrón 'no afecte, interfiera, ni obstruya los requerimientos de información documental y testimonial que el Senado de Puerto Rico está realizando en relación al juez presidente del Tribunal Supremo'.

El Senado aprobó el 14 de diciembre del año la Resolución del Senado 2509, de la autoría del senador Roger Iglesias Suarez para investigar las denuncias.

En aquél entonces, Rivera Schatz tomó un turno para aclarar la posición senatorial, defender la capacidad legal del Senado para investigar y revelar además su experiencia personal con el juez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton, a quien estima, según indicó.

La Resolución fue referida a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, que tendrá 'todas las facultades investigativas y fiscalizadoras del Senado para profundizar al máximo posible en la veracidad de las denuncias planteadas, incluyendo la citación de testigos, compeler su presencia y testimonio, requerir documentos y hacer referidos a otras agencias gubernamentales'.