El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñóz, impuso como sanción la expulsión de dos estudiantes que participaron del proceso huelgario que perseguía eliminar la cuota de matrícula que se impuso el pasado año.

El caso más drástico fue el del joven de 24 años de edad, Rafael Ojeda, quién sin tener antecedentes administrativos, quedó fuera del sistema por hechos ocurridos el 7 de marzo de 2011. Se le acusa de haberse trepado en el bonete de un vehículo en el que iba la rectora del recinto de Río Piedras, Ana Guadalupe, impidiendo así que el auto saliera. Además, de haber roto el cristal de dicho auto con su puño.

Según se desprende de la resolución y la decisión firmada por Muñóz el pasado 20 de enero, ‘la oficial examinadora recomendó imponerle al querellado la sanción de suspensión por un término de dos años, acreditándole el término ya cumplido, y una probatoria de un año con las condiciones que se estimen apropiadas’.

El informe fue respaldado, a su vez, por la Junta de Disciplina. Sin embargo, el titular ignoró las recomendaciones y determinó que ‘la totalidad de la conducta incurrida por el querellado en este caso es intolerable y de tal gravedad que apareja la expulsión definitiva como estudiante de la UPR’.

Para la madre del estudiante de bachillerato en la Facultad de Educación, Ivonne Ramírez, la medida no solamente es drástica, sino intimidante.

‘Están diciendo que disentir es estar en problemas, cuando la universidad se supone que se trate de la diversidad de ideas y pensamientos. Es, además, indignante y doloroso. No es solo lo que le están haciendo a Rafael, Rafael representa lo que está pasando con todos los estudiantes. Lo que estamos viendo es que quieren que los estudiantes y los profesores se sientan intimidados a ejercer su derecho a la libre expresión’, argumentó Ramírez.

En el caso del estudiante Waldemiro Vélez Soto, a quien se le acusa por interrumpir una reunión lícita tras incitar a los manifestantes a trasladarse adonde se encontraba Guadalupe, en la resolución y decisión firmada por Muñóz, se establece que ‘la oficial examinadora recomendó imponerle al querellado la sanción de suspensión por un término de un año y una probatoria de un año que podría convertirse en suspensión bajo ciertas circunstancias’.

Al igual que con Ojeda Ramírez, el informe de Vélez Soto fue respaldado por la Junta de Disciplina. No obstante, en esta ocasión, Muñóz detalló que se sirvió del expediente disciplinario de Vélez Soto para tomar la decisión de expulsarlo del sistema.

‘Al momento en que el querellado incurrió en estos actos se encontraba suspendido sumariamente y con prohibición de entrar al Recinto. Tal patrón de conducta y actitud desafiante es intolerable y amerita una sanción más grave y severa’, lee el documento que hace referencia a las tres suspensiones que ha enfrentando el líder estudiantil. La última no le permitía estudiar por tres años.

Para Vélez Soto, las medidas en su contra responden a un procesamiento selectivo.

‘Lo que se ve, al igual de los casos anteriores, es que la que Junta de Disciplina y el Oficial Examinador determinan una cosa y la administración lo ignora y determina otra’, alegó.

El estudiante de bachillerato adelantó que esta medida, por más intimidante que sea, ‘no van a detener mis ansias de lucha, aunque no estemos matriculados seguimos siendo ciudadanos y como ciudadanos vamos a seguir luchando por el acceso a la educación pública’.