El Gobierno parece hacer caso omiso a los hallazgos del informe federal sobre la Policía de Puerto Rico al seguir permitiendo dentro de la Uniformada actuaciones cuestionables entre sus miembros.

El sin sabor y la desconfianza persiste entre la ciudadanía al tomar en cuenta las acciones que comenten los que se suponen velen por la seguridad y el orden en el país. Mientras esto ocurre, la doble vara con la que se miden a los agentes en comparación con la alta oficialidad de la Uniformada crea también cierto malestar entre sus propios miembros.

Así parecen estar las cosas, al tomar en cuenta las denuncias que hicieran las agentes

Wilmary Santos y

Ulda Mercado, y la

teniente Peregrina Marrero, contra el teniente II Reynaldo Torres Centeno. A Torres Centeno se le imputan actos de corrupción, hostigamiento laboral, apropiación ilegal y destrucción de propiedad del Gobierno, represalia, entre otros.
Pese a que estas oficiales policiacas habían denunciado las actuaciones de Torres Centeno a la Policía, en cambio, lo que recibieron fue múltiples traslados y un ambiente laboral hostil. Dentro del marco de esta disyuntiva, a Torres Centeno se le permitió el 13 de agosto de 2010 irse a trabajar al Departamento de Hacienda como director de Seguridad Interna bajo una licencia sin sueldo que vence este próximo diciembre.
Más aún, tan pronto como el pasado jueves el Superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, dijo a NotiCel que pese a las denuncias que pesaban contra Torres Centeno no se le podían sancionar o evitar que se le otorgara una licencia sin sueldo para ir a trabajar a Hacienda, porque aún no había culminado la investigación administrativa en su contra.
En esa ocasión, Díaz Colón despachó que el caso de Torres Centeno era distinto al del agente Harold Ortíz Cruz, quién finalmente fue destituido ayer de su cargo en el Distrito de Hormigueros, luego de una batalla legal para buscar ser reincorporado a la Uniformada.
En un mensaje que publicó ayer en la red social de Facebook, Ortíz Cruz manifestó que ‘hoy es un día triste para mí en ver que la justicia del hombre es ciega, arbitraria y selectiva, hoy oficialmente me destituyen como oficial de la Policía de P.R., lugar donde di más de 15 años de servicio honroso, con orgullo y respeto. Les exhorto a mis hermanos azules que sigan dando la batalla contra el crimen, que no dobleguen rodillas frente al enemigo, que defiendan aquellos postulados para los cuales juraron con dignidad y respeto. A cada uno mis respeto, mi admiración y mi apoyo, que Jéhova Dios los bendiga hoy, mañana y siempre al igual que a sus familiares, les amo en Cristo Jesús, amén’.
Ortíz Cruz

fue suspendido de empleo y sueldo en enero, días después de que utilizara el altoparlante de una patrulla para pedirle la renuncia al Superintendente de la Policía durante los actos fúnebres del sargento Abimael Castro Berrocales, que se efectuaban en la Funeraría Martell en Mayagüez.
Durante el proceso salió a

relucir que Ortíz Cruz tenía al menos cinco querellas administrativas, que a preguntas de

NotiCel no quiso aclarar y solo reafirmó que eran ‘falsas’ parte de las imputaciones. También su representante legal, la licenciada

Lucy Burgos, había alegado que a Ortíz Cruz se le impuso una sanción contraria a los reglamentos de la Policía, pues todavía no habían realizado una investigación administrativa y las faltas no conllevaban una suspensión de empleo y sueldo.
De otro lado, cuando NotiCel habló el jueves con Torres Centeno, este

afirmó que solo tenía una querella administrativa, que todavía estaba pendiente a la determinación de si se le sancionaría o no, y que sentía difamado.
Sin embargo, información en poder de este medio apunta que Torres Centeno ha tenido 16 querellas administrativas a lo largo de los casi 29 años que lleva dentro de la Uniformada. De estas 9 han sido archivadas, 3 solo recibió orientación, en una se le llegó a amonestar, 2 están pendientes a la resolución de la Oficina de Asuntos Legales de la Policía y una todavía continúa bajo investigación.
Las que quedan a la espera de la determinación de la Oficina de Asuntos Legales es la querella en la que se le imputa que el 12 de septiembre de 2007 cometió negligencia, parcialidad e ineptitud. Igualmente, está bajo el tintero la querella en la que se le adjudica discrimen por hechos cometidos el 1 de mayo del 2009.
Por lo pronto, está todavía en investigación una querella presentada en el 2010 por mal uso, perdida o hurto de la propiedad del Gobierno.
El historial de querellas del teniente Torres Centeno comienza en el 1992 cuando tuvo un caso que fue archivado por cometer un accidente con un vehículo oficial. Ese mismo año, tuvo dos casos que también fueron archivados, por agredir a otro miembro de la fuerza y en una de las ocasiones se le imputó darle mal uso a su arma de reglamento.
A su vez, en el 1993 se le presentó una querella en su contra por violencia doméstica, que también fue archivada.
En el 1999 tuvo tres casos, que posteriormente fueron archivados, por agresiones injustificadas contra civiles.
Estas denuncias de agresiones injustificadas contra civiles continuaron hasta el 2002, cuando se le presentó otra querella en su contra que también fue archivada. Asimismo, ese año se le radicó una querella por cometer maltrato verbal por la que recibió una orientación.
La situación se complicó en el 2003 cuando tuvo un caso donde se le adjudicó registro, allanamiento e incautación ilegal o irrazonable, por la que recibió una amonestación. Este evento es muy parecido a las denuncias que hiciera la teniente Marrero de irregularidades en los allanamientos que efectuaban el equipo de operativos antidrogas que Torres Centeno dirigía en la Región de Caguas.
Entretanto, en el 2006 tuvo dos querellas, una por mal uso de la propiedad del Gobierno, de la que recibió una orientación y otra por hostigamiento laboral que fue archivada.
De igual forma, en el 2007 se le formuló una querella por cometer arrestos ilegales, en la que también recibió una orientación.
Para ver informe del Gobierno Federal pulse

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