Dos nuevas fichas introducidas a la mesa de poder donde se debate el futuro del Gasoducto del Norte han provocado no solo un dramático giro en el destino inmediato de Vía Verde.

Además, colocan en precario a la oposición de este proyecto.

La primera de ellas es el hallazgo de un correo electrónico oficial en el que Robert Barron, gerente de proyectos del Cuerpo de Ingenieros en el Distrito Jacksonville, delata que el Gobierno de Puerto Rico no planea retirar su solicitud para que se conceda el permiso final al Gasoducto.

En la misiva emitida ayer viernes, 17 de febrero, Barron precisa claramente que ‘el solicitante nos ha expresado el deseo de que continuemos revisando la solicitud de permiso para el gasoducto’.

Asímismo, indica que ‘uno de los puntos pendientes de revisión es que el solicitante proporcionará información adicional sobre las alternativas’, no a la construcción del Gasoducto de 92 millas, sino a su alineación por el centro y norte de la Isla.

Estas revelaciones ‘no clasificadas’ del alto funcionario federal fueron compartidas en directo con Daniel Pagán Rosa, principal asesor ambiental de Vía Verde, y el consultor de la Autoridad de Energía Eléctrica, Larry Evans, alto ejecutivo de la compañía BC Peabody.

Este último es un militar retirado que trabajó por 30 años para el Cuerpo de Ingenieros y que durante ese término fue jefe de la División de Permisos para el Distrito Jacksonville, oficina que dará la sentencia a favor o en contra del Gasoducto.

En el año 1996, Evans también fue nombrado al comité que creó el bosquejo del Programa de Regulación Federal para Apelaciones Administrativas del Cuerpo de Ingenieros, por lo que tiene absoluto dominio de estos procesos.

A preguntas de La Perla del Sur, Barron admitió el pasado mes de diciembre conocer personalmente a Bob Carpenter y Andrew Goetz, ambos directores de BC Peabody y ex jefes del Cuerpo de Ingenieros en Jacksonville.

La comunicación escrita ayer por Barron -copia de la cual conserva La Perla del Sur- también fue dirigida a funcionarios del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Oficina de Preservación Histórica en Puerto Rico.

A solo minutos de que trascendieran estas declaraciones, la jueza Gladys González Segarra dictó en el Tribunal de Ponce causa para arresto contra seis manifestantes que fueron detenidos el pasado mes de diciembre por protestar la construcción de un parque eólico en terrenos agrícolas de Santa Isabel.

En específico, por obstruir momentáneamente la entrada de camiones al proyecto de Pattern Energy en el sector Paso Seco y de esta forma presuntamente violar el nuevo Artículo 208A del Código Penal.

De ser hallados culpables por los cargos que se imputan, los arrestados se exponen a entre seis meses y tres años de cárcel.

Además, si eso ocurre, el camino queda libre de obstáculos para que la Policía y todas sus divisiones puedan arrestar y acusar criminalmente a quienes en el futuro protesten mediante desobediencia civil proyectos aprobados por el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo el propuesto Gasoducto del Norte.

Tanto esta sentencia como la revelación de Barron resultaron ‘reveladoras’ para Arturo Massol Deyá, portavoz de Casa Pueblo en Adjuntas.

En primera instancia porque evidencian que ‘existen dos bandos muy definidos en el Gobierno, los que reconocen que la Vía Verde debe ser descartada y los que anteponen sus intereses económicos por encima de la razón y el bienestar del país’.

‘Además, porque la ambivalencia del Gobernador confirma su complicidad con la apuesta al Gasoducto, no a los $60 millones ya malgastados, sino a los $800 millones pendientes para nuevas contrataciones’.

En torno a esto y el mensaje que destila la decisión de la jueza González Segarra, sostuvo que no queda ‘otra alternativa que marchar como pueblo este domingo para detener estos atropellos que tanto daño nos hacen’.

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