Una carta política 'magistral', que en nada resolverá el problema de criminalidad que se vive en el país.

Así calificó a NotiCel el criminólogo Gary Gutiérrez, la propuesta hecha ayer por el gobernador Luis Fortuño, de eliminar el derecho a libertad bajo fianza en los casos de asesinato con intención, acecho o premeditación. Según el Primer Mandatario, buscará que se celebre este año un referéndum para enmendar la Constitución de Puerto Rico y permitir a los jueces que a nivel estatal también se puedan denegar el derecho a fianza en estos casos, como se hace en el Tribunal Federal.

Sin embargo, para Gutiérrez, la medida de Fortuño es 'una excelente medida politiquera para ganar elecciones y poner en jaque a su contrincante político (el senador Alejandro García Padilla) que se ha distinguido por su timidez'.Y puntualizó que 'es una carta política magistral, aprovechándose del miedo que sienten los ciudadanos y apostando al voto del sector conservador de Puerto Rico'.

De hecho, indicó que la propuesta obliga a García Padilla, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), a asumir una postura con relación a este tipo de criminales.

Por otra parte, planteó que la medida tiene serios problemas conceptuales y que denota 'enorme ignorancia'.

Por ejemplo, Gutiérrez sostuvo que para que se desate un asesinato, tiene que haber premeditación. Igualmente, estableció sus reservas en cómo coexistiría esta medida con la presunción de inocencia que se le debe dar a todo imputado de un delito que todavía no ha sido convicto.

De acuerdo a un análisis del licenciado José Efraín Hernández, 'la presunción de inocencia del acusado está consagrada en la sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y reconocido en la Regla 110 de Procedimiento Criminal. Esta presunción sólo puede ser refutada con prueba más allá de duda razonable, imperativo del debido proceso de ley'.

Por su parte, Gutiérrez determinó que en cierta medida la propuesta de Fortuño sería innecesaria al considerar que para algunos crímenes violentos se han entablado acuerdos con el Gobierno Federal, lo que da paso a que se puedan procesar esos casos en dicho foro judicial.

Asistencia Legal en desacuerdo

Entretanto, el licenciado Federico Rentas Rodríguez, director ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, concordó que la medida 'no va a tener efecto alguno en la criminalidad, porque el problema principal de la criminalidad es la droga'. Al mismo tiempo, observó que la baja tasa de esclarecimiento de los casos, lleva a muchos a perpetra un delito al sentir cierto grado de impunidad.

Rentas Rodríguez indicó que el argumento de Fortuño de que con esta medida se le daría más discreción a los jueces, 'es una falacia', pues dijo que en la última década se ha minimizado su consideración en la imposición de sentencias o el otorgamiento de libertad, al requerir como condición la imposición de grilletes electrónicos en ciertos casos. En esa línea, manifestó que el nuevo Código Penal lo que abonaría es en seguir reduciendo la discreción del juez.

Al hablar sobre la posible enmienda a la Constitución, el abogado sentenció que se debe tomar con cuidado, y reiteró que la misma es una de avanzada en la que su fin es proteger a todos los ciudadanos. Más aún, dijo que 'las garantías individuales son envidiadas en otros países'.

También Rentas Rodríguez dijo que la medida 'choca de frente con la presunción de inocencia', que se le debe otorgar a todo imputado.

En la Sociedad se atiende un 50 por ciento de los acusados del país, que no pueden prestar la fianza, en algunos casos hasta millonarias, que imponen los jueces a nivel estatal. Estas personas al no prestar fianza deben permanecer en prisión hasta la celebración de una vista.

Para hacerle frente a la tasa de criminalidad del país, Rentas Rodriguez recomendó que el Gobierno debe atender lo que denominó la 'crisis de tensión social'. En ese sentido, mencionó que hay que mejorar las opciones que tienen los ciudadanos para gozar de una mejor calidad de vida, dar una mejor distribución de los recursos del país, mejorar la calidad de la educación y devolver el 'orgullo' de ser puertorriqueños.

'Hay una situación de iniquidades que llevan a la criminalidad', puntualizó.

Ex Secretario de Justicia con objeciones

Mientras tanto, el licenciado Antonio Sagardía, ex secretario del Departamento de Justicia, manifestó a NotiCel que tiene sus objeciones con la medida pues 'en Puerto Rico ya existen mecanismos para que se puedan someter mayores cuantías de la fianza o condiciones a tono con el delito'.

De hecho, recordó su oposición a realizar enmiendas a la Constitución en este punto, como había planteado el convicto ex senador Héctor Martínez, para casos de crímenes contra menores de 16 años, o una pareja o ex pareja por casos de violencia de género, robo de vehículos a mano armada y asesinato de más de una persona en un mismo incidente o a agentes de ley y orden,

No obstante, para el ex titular de Justicia, Fortuño ha hecho 'bien' en dejar que sea el pueblo el que se exprese si quiere enmendar la Constitución.

Y recordó que la determinación del tipo de fianza que se le aplicará a un imputado lo tiene a su consideración el Gran Magistrado. De hecho, apuntó que de dar paso a la medida estaría en manos de la Fiscalía presentar evidencia de que la persona imputada de cometer el delito es violenta, que los testigos del caso corren peligro o que el individuo que alegadamente cometió los actos es reincidente, para que un juez estatal pueda evaluar no ofrecer derecho a fianza.

Sagardía dijo que aunque en el Tribunal Federal 'la fianza es un privilegio', aclaró que 'no es automático' que se deniega, sino que el juez toma en consideración la evidencia presentada por la Fiscalía para basar su decisión.

Del mismo modo, sostuvo que pese al acuerdo que existe entre el gobierno federal y el estatal para procesar cierto tipos de caso,'en la federal no se procesan casos de asesinato, son de jurisdicción estatal'.

Sagardía añadió que 'el hecho de que una persona no pueda prestar una fianza o se le deniegue, no significa que se esté violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia'. A lo que expuso que la determinación del juez sería una instancia procesal de la fianza, pero no entra a evaluar los méritos del caso.

Pendientes a NotiCel para el desarrollo de esta historia.