El gobierno de Puerto Rico ya ha volado a 180 confinados a un programa en Oklahoma bajo un negocio con el privatizador carcelario Corrections Corporation of America (CCA), el mismo que ha estado bajo la lupa de distintos grupos en Estados Unidos por las violaciones de derecho que se detectan en su sistema, y por su agresivo cabildeo para conseguir contratos públicos.

El historial de CCA en la Isla no empieza con este contrato. Desde la Administración Rosselló están ganando contratos con dinero público. En aquella ocasión, fue para la construcción de cárceles en Guayama y Ponce, en un proceso que llamó la atención de congresistas porque hubo otros licitadores más baratos que CCA.

CCA invirtió al menos $18 millones en cabildeo a nivel federal entre 1999 y 2009, según grupos sin fines de lucro que fiscalizan el cabildeo.

A nivel de todo Estados Unidos, CCA ha sido objeto de investigaciones por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) porque han desarrollado un modelo de negocio que, admitido públicamente por CCA en sus documentos del mercado de valores, depende de que las tasas de encarcelamiento se mantengan altas.

‘[C]ualquier cambio con respecto a las drogas y sustancias controladas, o la inmigración ilegal. puede afectar la cantidad de personas arrestadas, convictas, y sentenciadas, por ende reduciendo potencialmente la demanda para instalaciones correccionales en las que albergarlas’, indica un análisis de mercado que la empresa hizo en 2010.

En el caso de Puerto Rico, el negocio de CCA es ofrecer programas bilingües educativos en Oklahoma, en los que se matriculan los reos de aquí. Muy similarmente, el Contralor de Hawaii encontró en 2010 que la agencia correccional del estado había falseado los costos de encarcelamiento en el estado para justificar el sacar a prisioneros hacia las prisiones de CCA en otros estados.

El Departamento de Correción de Puerto Rico firmó un contrato con CCA para que, hasta un máximo de 480 reos puertorriqueños sean trasladados a la cárcel Cimarron Correctional Facility en Oklahoma, para participar, de entre otras cosas, en sus programas educativos. El viernes salió un segundo grupo de 90 confinados. El gobierno de Puerto Rico traduce la relación como un ahorro de dinero por cada convicto y un beneficio para el voluntario que decida realizar su traslado a dicha cárcel.

Pero, según el director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU), el licenciado William Ramírez Hernández, ‘la realidad es otra’.

CCA, fundada en 1983, dice tener beneficios económicos para sus socios y se adjudica el ofrecer servicios profesionales de seguridad, de la salud, la educación académica y profesional. Asimismo, aseguran contar con ‘con rehabilitación dinámica, preparación en programas educativos, capacitación laboral, opciones de recreación y oportunidades de trabajo’.

Para Ramírez, quien comenzó una investigación sobre este nuevo proyecto en alianza con la ACLU en Oklahoma, la institución penal Cimarron Correctional Facility, tiene ‘múltiples deficiencias’. Uno de los problemas, es ‘la segregación de razas impuesta por la institución, existe intolerancia religiosa la cual ha creado motines raciales entre las gangas negras y latinas y que (los reos) no tiene el derecho al voto’. A raíz de esto, las relaciones violentas que pudieran surgir entre los presos se traducirían en: muerte, un aumento en su sentencia o la pena de muerte, acto legal en el estado de Oklahoma. A pesar de que este estado cuenta con leyes distintas a las de Puerto Rico, los reos que se muevan a la institución en Oklahoma estaría regidos por las leyes de dicho estado y no por las que se siguen en la Isla.

Por otra parte, la misma institución penal, ha sido punto de controversia al ser responsable por muertes de prisioneros por la falta de atención médica, falta de seguridad, mientras que ha tenido que disminuir su número de población por hacinamiento, según notas de prensa.

Además, Ramírez no ve esta nueva relación como una opción rehabilitadora, pues los convictos puertorrriqueños ‘no tendrán el mismo contacto con sus familiares, se expondrían a un ambiente hostil y estarían expuestos a un aprendizaje en un idioma diferente, uno que posiblemente no conozcan’.

Un asunto que no se ha vislumbrado en los acuerdos, es si los presos que opten por el traslado a dicho estado pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones locales.

Ramírez cuestionó si este acuerdo pudiera traducirse en ahorro de dinero para el gobierno de Puerto Rico. Mientras, que en Oklahoma se vislumbra una creación de 90 nuevos empleos por el acuerdo realizado, esto según lo reseña un medio de comunicación de Oklahoma. Por esto, el director ejecutivo de la ACLU en la Isla concluye que el traslado es ‘un negocio, es puramente un negocio’, a la vez que enfatiza que de haber un ahorro se conocerá en ‘dos o tres años’.

Para ver el informe de la ACLU sobre el negocio de las prisiones privadas, pulse aquí.