A pesar de lo mucho que la exhiben en los medios y de la verdadera gravedad que encierra el poner en riesgo el futuro de los pensionados de la Isla, la realidad es que la investigación en el Departamento de Justicia sobre la transacción millonaria entre el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), y la firma UBS está en suspenso y que la Contraloría no tiene personal asignado a la misma.

La representante Lourdes Ramos, presidenta de la comisión cameral de Sistemas de Retiro del Servicio Público, dijo a NotiCel que luego del referido que hiciera el pasado octubre de 2011 al Departamento de Justicia, todavía no se ha completado la investigación relacionada a las tres infructuosas temisiones que hiciera la ASR en el 2008 por unos $3,000 millones, esto porque reiteró la falta de peritaje de los fiscales en asuntos sobre la bolsa de valores e inversiones. Ante esto apuntó que el Departamento de Justicia en conjunto con la Oficina del Contralor están compartiendo un técnico independiente para que los ayude a evaluar la información que envió la Comisión.

Sin embargo, Lisandra Rivera, directora de Prensa y Comunicaciones de la Oficina del Contralor, expresó a NotiCel que al momento ningún personal de la dependencia gubernamental esta colaborando con Justicia sobre una pesquisa relacionada a los Sistemas de Retiro. Y puntualizó que la Oficina se concentra en las auditorias que acostumbran hacer.

A su vez, a pesar de múltiples intentos desde el pasado miércoles, no fue posible conseguir una reacción del Departamento de Justicia, sobre el status de dicho referido para investigación.

Por otra parte, Ramos reclamó al Departamento de Justicia que esta investigación no debe demorar más de dos semanas adicionales, porque apuntó los informes de la Comisión eran claros sobre el establecimiento de que posiblemente se cometieron unos delitos.

Asimismo, manifestó que hace tres a cuatro semanas se reunió nuevamente con la fiscal federal interina, María Dominguez, para ‘aclarar dudas’, pero no ha recibido una respuesta sobre una posible intervención.

Al mismo tiempo, de la Comisión de Intercambio y Valores federal (SEC) recibió un acuse de que recibieron los informes que envió de la investigación que hizo la Comisión.

Mientras tanto, el pasado miércoles hubo una vista pública en la que asistieron varios miembros del Banco Gubernamental de Fomento, entre ellos el licenciado Rubén Méndez, vicepresidente ejecutivo y principal oficial de Operaciones; la licenciada Zulema Martínez, asesora Legal General; Ian Figueroa, ayudante de Juan Carlos Battle, entre otros.

De acuerdo a Ramos, le hizo un interrogatorio para ‘sentar las bases de cómo las casas acreditadoras clasifican los bonos’.

Para la legisladora penepé, si la casa acreditadora Moody’s hubiera fiscalizado de manera más estricta la tres series de los bonos que hizo el Sistema de Retiro, los hubiera catalogado ‘chatarra’, porque el Sistema no tenía capacidad para repagar los préstamos. A su entender en esta transacción medió la ‘especulación’.

Al momento, espera que a más tardar de un mes, pueda citar a personal de Moody’s a una vista pública de la Comisión.