El Tribunal Supremo desestimó en su totalidad el caso de un grupo de vecinos opuestos al gasoducto, que buscaban detener la construcción del discutido proyecto.

La opinión mayoritaria, firmada por el juez asociado Rafael J. Martínez Torres, argumenta que en el caso no se presentan alegaciones ni reclamos de daños reales.

'Ninguno de los daños aducidos por Juan Cortés Lugo y otros, son producto de una controversia real o una situación específica', reza la sentencia. La controversia giraba también sobre si unas notificaciones se habían hecho de manera correcta o tardía.

La extensa disidencia (100 de las 134 páginas de la resolución y opiniones), estuvo suscrita por los tres jueces nombrados por gobernadores estadolibristas, el Juez Presidente Federico Hernández Denton, Liana Fiol Matta, y Anabelle Rodríguez.

'El cierre al público de las instituciones públicas tiene el único efecto de acrecentar la pérdida de confianza en los organismos gubernamentales por parte de la ciudadanía. La confianza de los ciudadanos es esencial para el funcionamiento y la efectividad de los tribunales, porque el respeto que la gente le tenga a las instituciones judiciales es lo que le brinda a éstas fuerza y autoridad', argumentaron.

'Al declarar que las personas adversamente afectadas que están impugnando la DIA-F del proyecto de gasoducto Vía Verde no tienen legitimación para acceder a nuestros tribunales, se le resta legitimidad a nuestro sistema de justicia como guardián de los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Si los organismos de justicia diseñados para presentar reclamos y resolver desacuerdos no están disponibles, a dónde podrán recurrir estas personas?', concluyeron.

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