Varios miembros de la organización sindical Servidores Públicos Unidos, Concilio 95 de la Federación Americana de Empleados Estatales y Municipales (AFSCME, por su siglas en inglés), presentaron hoy una serie de medidas para que los distintos partidos políticos incluyan en sus plataformas de Gobierno.

Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos, dijo a NotiCel que en las próximas semanas esperan estar concretando reuniones con los directores de campaña de los distintos partidos políticos, y los candidatos a la Gobernación y a Comisionado Residente de Washington. Y apuntó que la expectativa es que sean recibidos como en las pasadas elecciones generales del 2008.

Las propuestas eran en áreas como la seguridad pública, la reforma gubernamental, la justicia contributiva, la legislación laboral y la Reforma del Sistema de Retiro.

De acuerdo a González, una de las sugerencias es que la figura del Superintendente de la Policía esté distanciado de los partidos políticas.

Además, de que sea un puesto que se renueve en un tiempo más prolongado, como es el caso del Contralor de Puerto Rico, para que así cada cuatro años no se estén cambiando los enfoques sin hacer un previo estudio.

De otro lado, favorecieron la medicación del adicto con droga, y que se trate desde un enfoque salubrista.

En el área contributiva, propusieron que el Gobierno incremente sus recaudos, 'fijándole una tasa básica permanente de 10% para las corporaciones que gocen de incentivos contributivos, estableciendo que no pagarán menos de 5% una vez se apliquen los créditos y las deducciones a los que tengan derecho'. Y que al mismo tiempo se establezca una Junta Revisora de Incentivos Contributivos para que fiscalicen la costo efectividad de los incentivos y los créditos contributivos a las corporaciones.

Por otra parte, plantearon que estarían a favor de establecer una loteria especial para allanar más fondos a los Sistemas de Retiro. Además, que se establezca un sistema de retiro independiente para los gobernadores, legisladores y alcaldes, que actualmente son los que reciben las pensiones más altas.