Una demanda radicada en el Tribunal Federal ayer acusa que en la Procuradoría de las Personas de Edad Avanzada, bajo la tutela de la actual y de la pasada administración, se manejó incorrectamente un caso de hostigamiento sexual protagonizado por una empleada, una supervisora, y la propia subprocuradora.

La demandante, Noemí Rodríguez Arce, imputa que la exprocuradora, Rossana López León, y su sucesor, Oscar González Rivera, no atajaron los actos de hostigamiento e, incluso, causaron daño a la demandante al autorizar transacciones de personal con las que se le intentó callar una vez denunció el hostigamiento.

López estaba fuera de Puerto Rico hoy y su contacto de prensa dijo que desconoce del contenido de la demanda.

Rodríguez entró a la procuradoría en 2007 como Coordinadora de Programas bajo la supervisión de Wilma Cruz Calo. Según las alegaciones de la demanda, Rodríguez y Cruz comenzaron una relación íntima en febrero de 2008. Cruz no estaba casada, pero había tenido una relación con la subprocuradora, Carmen Ortiz Calderón.

La relación de Cruz y Rodríguez se mantuvo confidencial hasta marzo de 2009, fecha en la que Cruz 'públicamente renovó su relación íntima' con Ortiz. Esto provocó que Rodríguez terminara su relación con su supervisora.

A raíz de esto, añade el pliego, la supervisora Cruz inició un patrón de hostigamiento sexual y represalia contra la demandante Rodríguez como parte del cual 'constante y continuamente le hacia comentarios sexualmente cargados y denigrantes contra la demandante'. Las expresiones, miradas y contactos físicos tenían el aparente propósito de que la demandante reanudara su relación con Cruz.

'(C)omo parte de su conducta represiva, Cruz usaba su autoridad supervisoria para sobrefiscalizar de una manera discriminatoria el desempeño laboral de la demandante, añadiendo al ambiente laboral sexualmente cargado y hostil al que se le sometió (a la demandante)', se indica. La Subprocuradora también realizó comentarios sexuales y denigrantes.

La demandante sometió una querella interna en mayo de 2011 pero no se realizó una investigación ni se resolvió adecuadamente, según se alega.

Al contrario, el procedimiento interno culminó con una suspensión de empleo y sueldo por 30 días notificada en febrero pasado.

La demanda reclama un veredicto que incluya una orden contra la Procuradoría para que desarrolle y aplique un protocolo de manejo de casos de hostigamiento sexual, que se reinstale en su cargo a la demandante, y que se le paguen daños por hasta $4 millones.

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