El Departamento de Salud de Puerto Rico carece de una política pública para el tratamiento de la Hepatitis C, lo que resultará en que unos $2 millones en medicamentos para tratar la enfermedad comiencen a expirar en varias semanas y vayan a parar al zafacón, confirmaron por separado varias fuentes al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Las fuentes, de diversas disciplinas profesionales, advirtieron que la falta de fondos públicos paralizó una iniciativa comenzada con una asignación de la Asamblea Legislativa de $10 millones bajo la incumbencia de la exgobernadora Sila María Calderón y Johnny Rullán como secretario de Salud aproximadamente a mediados de la pasada década.

Para entonces, el gobierno contrató los servicios de clínicas de gastroenterología en el sur y oeste de Puerto Rico para recibir los pacientes referidos por los médicos primarios que atendían a los beneficiarios de la Reforma de Salud.

Para esa década, se instituyó el Día Nacional de Hacerse la Prueba de Hepatitis C y los resultados iniciales fueron alarmantes, al registrarse cerca de 3,000 casos positivos a la condición, lo que puede calificarse de epidémico, según expertos. Por falta de información oficial no fue posible lograr una estadística confiable sobre la cantidad de casos en el País.

De esos 3,000 casos, 300 se sometieron al tratamiento mientras estuvo disponible a los beneficiarios de la Reforma de Salud y estos tuvieron acceso a los laboratorios del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Los pacientes referidos tenían acceso a pruebas de laboratorio que realizaba Ciencias Médicas sin que les costara en la fórmula de capitación de los médicos primarios que los referían, o sea, que no les contaba contra los gastos mediante los cuales se calculan sus ganancias.

Las pruebas de laboratorios fueron catalogadas por varias de las fuentes como sumamente costosas. Costaban unos $1,000 cada una.

Estas pruebas fueron descritas como la de carga viral, genotipo y fenotipo.

El tratamiento, cuya duración para eliminar el virus de la Hepatitis C puede tardar entre cuatro y doce meses, requiere la repetición de las pruebas periódicamente para medir la efectividad de los medicamentos.

Los pacientes de VIH/sida no fueron afectados cuando se descontinuaron las pruebas laboratorio ya que ellos tienen acceso a fondos federales administrados por el Municipio de San Juan y las ocho clínicas de VIH y enfermedades de transmisión sexual del Salud, según Ivette González, de la Asamblea Permanente de Personas Infectadas y Afectadas con VIH y Sida (APPIA).

Las pruebas comunes para la detección de la Hepatitis C no se han afectado y continúan vigentes para los beneficiarios de la reforma médica que ahora se conoce como Mi Salud.

El doctor Francisco Cebollero, un gastroenterólogo que recibió 300 pacientes referidos, de los cuales 150 se sometieron a tratamiento, rehusó ser entrevistado para este reportaje.

Sin embargo, Cebollero, del centro Gastroenterología Avanzada del Caribe, con sede en Mayagüez, solo dijo para récord que la presente administración 'no tiene una política pública hacia los pacientes de Hepatitis C, en términos prácticos'.

Anselmo Fonseca, de la organización Pacientes de Sida Pro Política Sana, sentenció que el Gobierno ni siquiera quiere asumir un compromiso con esta población.

Una fuente de la industria farmacéutica, quien inicialmente accedió a conceder una entrevista sin que se le identificara en el reportaje, pero luego rehusó continuar siendo entrevistada, llegó a explicar que bajo la administración de Calderón se establecieron clínicas de inmunología en Arecibo, Caguas, Mayagüez, Ponce y San Juan, y todos los pacientes que lo requerían recibieron el tratamiento para la Hepatitis C y algunos servicios.

Sin embargo, 'la Ley 7 causó estragos', aseguró la fuente anónima con conocimiento de primera mano sobre la estrategia diseñada en aquel entonces para atajar lo que se consideró un serio problema de salud pública.

Según González, 'nunca ha existido', una política pública para el tratamiento de la Hepatitis C.

La portavoz de APPIA reconoció haber escuchado que los abastos del medicamento para Hepatitis C, Pegintron, adquirido de la farmacéutica Merck, expirarán en mayo próximo sin que puedan ser utilizados.

Estos medicamentos son parte de los lotes valorados en hasta $2 millones que la fuente original denunció se perderán mientras cientos de puertorriqueños afiliados a Mi Salud que padecen de Hepatitis C permanecen sin tratamiento.

La fuente original identificó los otros medicamentos como Pegasys, de la farmacéutica Roche, e Incivek, de la farmacéutica Vertex.

Vanessa Lugo Flores, portavoz de Merck, confirmó que la farmacéutica le ha vendido medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C a Salud, al igual que a muchos otros clientes.

Para más detalles, vea el