Unos 125,000 clientes de escasos recursos fueron sacados de la lista de beneficiarios de subsidios para teléfonos móviles o de línea fija, tras la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) detectar un patrón de usuarios que estaban teniendo acceso de manera doble y triple en el fondo de dinero local y federal que está destinado a ese subsidio, reveló News is my Business.

La investigación que resultó en la desconexión en masa durante los primeros tres meses de este año comenzó en septiembre de 2010, debido a un aumento inusual de personas de escasos recursos que aparecían matriculadas en el programa Lifeline del Fondo de Servicio Universal (USF por sus siglas en inglés), confirmó la presidenta de la JRT, Sandra Torres.

El beneficio Lifeline implica un subsidio de $13.50 en la renta de un teléfono fijo, o un celular, para todo el que cualifique. De este dinero, $10 vienen del USF federal y $3.50 vienen de una cuenta que controla el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y que se nutre de los cargos mensuales obligatorios que tienen que pagar todos los clientes de telefonía.

En septiembre de 2010, la JRT detectó que la base de clientes normal de ese programa, unos 300,000, brincó a 494,000, lo cual, dijo Torres, 'excede la población de la isla que vive por debajo de los niveles de pobreza'.

Cada compañía de celular tiene el deber de asegurarse de que el cliente que recibe el beneficio está cualificado y tiene evidencia de sus ingresos, tal como ser beneficiario de cualquier programa de apoyo gubernamental.

NotiCel había publicado de la investigación, y los intentos de las compañías celulares por detener la pesquisa.La JRT consiguió continuar y descubrió mal uso de programa en 113,000 beneficiarios del Seguro Social y en 11,300 clientes de bajos recursos.

Según Torres, en la mayoría de los casos, los clientes 'fueron inducidos a error por la compañía'. La controversia no sólo tieme implicaciones para los consumidores, sino también para las compañías de telefonía celular, a las que la JRT les tiene retenidos $10 millones en pagos del subsidio. Torres indicó que la retención continuará hasta que las compañías cooperen en certificar a los clientes que reciben el subsidio Lifeline siguiendo las reglas de la JRT.

Como secuela, la JRT iniciará un registro computarizado mandatorio de beneficiarios del subsidio a partir del 1 de mayo. Las medidas de la JRT han provocaod que TracFone, una subsidiaria de América Móvil que es propietaria en Puerto Rico de Claro, eleve su queja a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), porque la movida supuestamente le ha provocado la pérdida de 40,000 clientes cualificados.

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