'Todos los días me gritaban 'pato', me lo escribían en el cuello de la camisa, y en el recreo, se juntaban y me daban patadas, me escupían. Los maestros sabían y no hacían nada, incluso, se reían. Nunca tuve un solo amigo. No me atrevía decírselo a mi mamá, no sé por qué. Creo que el día de mi graduación fue el más feliz de mi vida, porque sabía que nunca tendría que volver al infierno que viví allí por 12 años'.

Esta es la historia de Amílcar, hoy un profesional de 31 años, abiertamente homosexual, que sufrió durante toda su preparación escolar el discrimen y el rechazo por parte de sus compañeros, maestros y personal de apoyo en un colegio de la capital.

Ha pasado largo tiempo, pero el discrimen en el ambiente escolar sigue. La exclusión y el llamar por nombres peyorativos es común. Son estas las primeras manifestaciones de acoso contra niñas que manifiestan conductas que se han socializado como exclusivas de los varones o contra niños que no se comportan según el imaginario colectivo de lo que es un hombre. Le siguen entonces los insultos y luego las agresiones físicas.

El ejemplo más reciente es el de cerca de una docena de estudiantes de la escuela Padre Aníbal Reyes Belén en Hatillo que han denunciado ser víctimas de acoso escolar por parte de la directora. Una chica y un chico que se identifican como homosexuales dijeron haber sido citados en horas de clases para interrogatorios y ser amenazados. Uno de ellos, incluso, tuvo que cumplir horas de trabajo comunitario como castigo por supuestamente haber sostenido relaciones sexuales con su pareja en el plantel, algo que asegura nunca ocurrió.

Para la organización Lambda Legal es importante que los jóvenes estudiantes sepan que tienen derechos a no ser molestados por su orientación sexual en la escuela y que las autoridades escolares están obligadas a protegerlos de cualquier tipo de abuso o discrimen. Asimismo, si lo desean, pueden conformar una organización estudiantil, como cualquier otra, y velar por sus intereses.

'A nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando en la escuela de Hatillo, Puerto Rico', dejó saber el abogado de Lambda Legal, Iván Espinoza Madrigal, desde su oficina en Nueva York, 'porque señala que todavía hay escuelas que no están respetando lo que es la ley'.

Espinoza Madrigal estableció que el asunto en cuestión es la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece derechos de protección igualitaria y prohíbe la discriminación por cualquier tipo.

Las escuelas que permiten que estudiantes sean molestados por otros o que discriminan en alguna forma contra jóvenes por cualquier razón, incluyendo su orientación sexual 'se están poniendo en una posición muy vulnerable porque los padres pueden entablar un tipo de demanda o acción constitucional en la corte federal en Puerto Rico para que esos derechos sean reconocidos'.

El letrado dejó claro que sin importar si hay desconocimiento sobre los casos que se han resuelto en Estados Unidos, 'la ley es la ley, no importa si estamos en Puerto Rico. Bajo la constitución, todos los estudiantes tienen derecho a protección igualitaria'.

En el caso de los colegios, Espinoza Madrigal establece que es un poco más difícil indicar cuáles son las prácticas en las que la administración puede o no puede incurrir. En Puerto Rico, hay un sinnúmero de escuelas privadas que reciben algún tipo de ayuda federal, sobre todo, en el área de comedores. Eso significa que tienen que cumplir con los mismos. No es tan fácil como decir que solo las escuelas públicas tienen que cumplir, eso sería un error', apuntó. Comoquiera, 'todas las escuelas deben tener el mismo propósito de dar un ambiente sano y educativo y establecer las mejores prácticas para eso'.

Es la ley y así ha sido interpretada en casos recientes como producto de luchas judiciales llevadas por Lambda en defensa de estudiantes homosexuales que son discriminados en los Estados Unidos.

Las escuelas son responsables de detener el abuso antigay

El tiempo en que maestros, consejeros y personal administrativo miraba para el lado para dejar que los estudiantes 'resolvieran sus asuntos' debió haber terminado hace rato.

El caso Nabozny v. Podlesny en Wisconsin estableció este precedenete. Fue incoado por Jamie Nabozny, quien por cuatro años fue víctima de abuso físico y verbal por parte de sus compañeros en una escuela pública en Ashland, en ese estado. Llegaron a orinarle encima, hacían como que lo violaban durante las clases y, cuando lo encontraban solo, lo pateaban en el estómago al punto de que en una ocasión requirió cirugía.

Lo que en su experiencia ocurrió no es ajeno a lo que viven miles de jóvenes estudiantes en colegios y escuelas públicas en Puerto Rico: las autoridades escolares no hacen nada para protegerlos.

En el caso de Nabozny, sus maestros llegaron a decirle que debía esperar algo como lo que sufría si es gay.

El muchacho intentó suicidarse en un sinnúmero de ocasiones, se salió de la escuela y escapó, pero quiso que ningún otro estudiante pasara por el mismo infierno. Cuando demandó a la escuela en 1995, la corte desestimó el caso. Con la intervención de Lambda, se consiguió ganar en 1996 una apelación, que dejó plasmada la primera opinión judicial en la historia de Estados Unidos estableciendo que una escuela pública puede ser responsable por no detener el abuso antigay. Los oficiales fueron responsables del daño causado a Nabozny y tuvieron que compensarle económicamente por los daños sufridos.

Los estudiantes tienen el derecho de formar alianzas 'gay-straight' y ser reconocidos como organización estudiantil

En Orange, Florida, el Distrito escolar denegó varias veces el permiso a un grupo de estudiantes que intentaban organizarse como una alianza 'gay-straight' y reunirse en El Modena High School. La junta encargada de autorizarlos decidió que solo reconsideraría la solicitud si el club cambiaba su nombre y aceptaba limitaciones sobre sus expresiones que no eran requeridas a otras asociaciones.

El caso Colín v. Orange Unified School District fue llevado en el 2000 por Lambda Legal, People For the American Way Foundation, el fundador del club, y una de sus miembros. El resultado fue que se le permitió al club mantener su nombre 'Gay-Straight Alliance' y el acceso a las instalaciones de la escuela de la misma forma que a cualquier otra organización estudiantil.

Los estudiantes tienen derecho a hablar y manifestar su orientación sexual en un plantel escolar

Los que comentan que 'la escuela no es el lugar', deben ir aprendiendo que la orientación sexual es parte de la identidad de una persona, y que como tal, es expresada en cualquier lugar, incluyendo la escuela. Se trata que dentro de las bases y el respeto, jóvenes gay, bisexuales y homosexuales no tienen que esconder sus intereses de la misma forma en que no lo hacen quienes son heterosexuales.

El caso Henkle v. Gregory sirvió para dejar esto bien claro. Tuvo su origen en una escuela pública en Reno, Nevada, cuando Dereck Henkle cursaba el noveno grado y decidió dejar de ocultar su orientación homosexual e hizo lo que en Puerto Rico se conoce como 'salir del clóset'. Desde entonces comenzó a ser hostigado. En una ocasión, otros estudiantes le amarraron una soga alrededor del cuello, como hacen los vaqueros, e intentaron matarlo arrastrándolo con un camión. Las autoridades escolares trataron el asunto como si él fuera el problema por haber hecho pública su orientación y lo trasladaron a a varias a escuelas alternativas para jóvenes problemáticos. Pasó por varios planteles. En uno, el director era quien le llamaba 'maricón', mientras que en otro fue golpeado brutalmente. Los constantes traslados impidieron que el joven consiguiera su diploma de escuela superior.

Lambda sometió un demanda en contra de la administración escolar, y Henkle tuvo que ser compensado con 451,000 dólares por los daños sufridos. El distrito escolar del condado de Washoe accedió a implementar nuevas políticas para proteger a los estudiantes del discrimen por orientación sexual.

Aunque con el establecimiento de estos casos se ha avanzado significativamente en cuanto a la protección de derechos de menores LGBT en en el ambiente escolar, 'todavía hay escuelas que no están respetando la ley', reconoce Espinoza Madrigal. 'No entiendo por qué, porque lo que están buscando es una demanda y eso cuesta mucho dinero', añade.

El abogado de Lambda Legal recordó que los padres deben educarse y ofrecerles apoyo a sus hijos. Recomienda que mantengan información por escrito sobre incidentes que hayan tenido que enfrentar los menores, incluyendo detalles como la fecha y personas involucradas para presentarlo a la dirección de la escuela. Si no reciben respuesta, deben ir al distrito escolar o al Departamento de Educación. Si aun así no se hacen valer los derechos de los menores, los padres pueden someter un recurso legal para reclamar acción.

Vea también:

Columna de Mario Vargas Llosa sobre la violencia homofóbica, 'La caza del gay' en el diario El País.