Siete líderes comunitarios presentaron un recurso de mandamus ante el tribunal para obligar al Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales y al Departamento de la Vivienda a proveer información sobre cómo gastaron los fondos públicos del programa creado para beneficiar a las comunidades pobres del País.

La iniciativa de los líderes comunitarios ocurre en momentos que la Asamblea Legislativa legisla para supuestamente agilizar el proceso de transferencias de bienes inmuebles del Programa de Comunidades Especiales del Departamento de la Vivienda y atender un problema de ‘limbo’ legal que, según los legisladores, ha impedido dar títulos de propiedad a residentes.

La política pública establecida con la creación del programa de ‘Comunidades Especiales’, de darle a los residentes de sectores pobres pleno control de sus vidas comunitarias mediante ‘su propio esfuerzo y poder’ contrasta con la negativa de las agencias del gobierno a proveer a sus líderes la información sobre la gestión pública que les atañe.

Desde septiembre de 2011 el grupo solicitó formalmente a Ana M. García García, entonces directora ejecutiva del Fideicomiso Perpetuo, varios informes sobre los gastos de los municipios que se beneficiaron de sus fondos para mejoras permanentes en comunidades marginales, de cubriendo el periodo de 2007 al 28 de septiembre de 2011.

De igual forma solicitaron los récords del Banco de la Vivienda sobre el dinero recibido para ‘el pago de hipotecas otorgadas a los residentes de Comunidades Especiales, desglosado por año, y un inventario de todas las propiedades compradas o adquiridas con fondos del Fideicomiso, incluyendo la ubicación, costo y nombre del vendedor de cada una de ellas’.

El director ejecutivo interino del Fideicomiso Perpetuo, Mark Thys Torres, no respondió a la solicitud de información de las comunidades, de acuerdo al recurso de mandamus presentado por José M. Figueroa Pesquera (líder de la Comunidad Toro Negro, Ciales), Carmen Villanueva Castro (de la Comunidad Hill Brothers Sur, Río Piedras), Wilfredo López Montañez (Comunidad Sonadora, Aguas Buenas), Jorge L. Oyola Torres (Comunidad Los Filtros, Guaynabo), Ángel Vargas Sanabria (Comunidad Sabana Eneas, San Germán), Carmen Febres Alméstica (Comunidad Barrio Obrero-Marina, San Juan) y Rafael Rivera Rivera (Comunidad Villa Cañona, Loíza).

Vargas Sanabria, Febres Alméstica y Rivera Rivera son además miembros del Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales. Todos los demandantes son representados por la Clínica de Acceso a la Información del Centro de Periodismo Investigativo mediante su director, el licenciado Osvaldo Burgos, y el estudiante clínico Mozart Mestey Dávila, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Para la historia completa, vea el Centro de Periodismo Investigativo.