Indignación en rama judicial por…

Un nutrido grupo de abogados, alguaciles, secretarias, técnicos socio-penales y otros funcionarios de la región judicial de San Juan se manifestaron el martes en apoyo al juez Aldo González Quesada, luego de que su re-nominación a la judicatura fuera rechazada por el Senado el lunes.

De acuerdo con el alguacil José Manuel Castro González, portavoz del grupo de empleados de la Rama Judicial, la razón por la cual el Senado decidió considerar la re-nominación del Juez González Quesada por el mecanismo de descargue, fue para evitar tener que considerar el informe positivo que habría de rendir la Comisión de Seguridad de Asuntos de lo Jurídico sobre el juez.

«En el día de ayer, el Senado bajó por descargue el nombramiento de este juez para así obviar el informe que debe ser rendido por la Comisión de Seguridad de Asuntos de lo Jurídico, quien tiene la responsabilidad de analizar objetivamente todo lo relacionado al candidato a la re-nominación», explicó Castro González.

De acuerdo con el alguacil, en el Senado no hubo una evaluación objetiva del historial o del desempeño del juez en sus funciones. De hecho, Castro González presentó una copia de la más reciente evaluación hecha al Juez González Quesada por la Comisión de Evaluación Judicial en la que en todos y cada una de las áreas evaluadas éste recibió una valoración de «Excelentemente bien cualificado». La evaluación tiene fecha del 17 de abril pasado.

«Esta cualificación lo ubica [al juez] en un nivel 5 en la escala de medición, lo cual implica que la evaluación realizada demostró el máximo nivel de capacidad y ejecución. Los resultados son excelentes y consistentemente exceden las expectativas de desempeño esperado», lee el informe de hallazgos preliminares de la comisión evaluadora.

El alguacil calificó el voto del Senado en contra de González Quesada como «falta de seriedad, falta de dignidad y falta de verdad y justicia» hasta el punto de que «lacera nuestra consciencia de pueblo».

Castro González acusó a todos los senadores que votaron en contra de la confirmación del juez de «poner en peligro el futuro de la judicatura» en Puerto Rico.

«Peor aún, le han demostrado al pueblo de Puerto Rico la falta de verticalidad en su derecho de ejercer su propio criterio en sus decisiones, sino que son llevados por cualquiera que proteja sus propias intereses», añadió el funcionario del tribunal.

El alguacil cuestionó si el país debe esperar que en el futuro sus jueces sean «monigotes políticos que se muevan a favor del partido que esté en el poder», o bien que hagan justicia sin presiones políticas que afecten la verdad.

Castro González expresó preocupación además en torno a lo que parece ser una nueva disposición reglamentaria bajo la cual una vez el nombramiento de un juez es rechazado, éste debe cesar en sus funciones, indistintamente de que se haya cumplido su término o no.