El juez Ángel R. Pagán Ocasio, del Tribunal de San Juan citó para el próximo martes, 15 de mayo, a las 9 am, a las partes enfrentadas por la elección de los dos representantes de los consumidores a la Junta de Gobierno Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Uno de los candidatos, Juan Rosario, inconforme con la demora para atender el interdicto, someterá hoy ante el Tribunal un documento suplementario para que se atienda dicho recurso legal inmediatamente y se detenga el proceso de escrutinio de los votos.

Rosario expresó que recientemente la AEE aumentó el número de recursos en el escrutinio y está buscando acelerar el proceso de contabilización de los votos. Por tanto, puntualizó que de finalizar el proceso de escrutinio antes de que el Tribunal atienda el recurso legal, pudiera tornar ‘académica’ su determinación.

Si luego de este proceso legal, tanto Ignacio García como Héctor Bezares, otros de los candidatos, pierden, Rosario pronosticó que estos tratarán de impugnar la elección aduciendo que el proceso estuvo viciado desde un inicio.

Rosario se mantuvo firme en que existe una mano siniestra para favorecer a estos dos candidatos, y que se pretenden robar las elecciones.

De igual forma, afirmó a NotiCel que poco a poco se han ido confirmado varias advertencias que recibieron de que este proceso de elección sería uno irregular y viciado. La razón para ello es la postura del Gobierno en favorecer las candidaturas de García y Bezares. Hay que recordar que en octubre de 2011, el legislador Jorge Navarro respaldó la candidatura de García como representante a la Junta de Gobierno de la AEE y acogió un paquete de medidas para alegadamente reducir el costo de la luz, que no han tenido resultado en la Cámara de Representantes.

Rosario apuntó que una vez iniciado el proceso de elección de los dos representantes de los consumidores, el propio Navarro, en entrevista con Radio Isla, solicitó en marzo de 2012 la extensión para recibir las boletas de los abonados hasta el 15 de abril. Para Rosario la solicitud de Navarro respondía a que los candidatos que respaldaba el Gobierno no tenían los votos suficientes para prevalecer en las posiciones. Sin embargo, expuso que en ese momento la solicitud de extensión no fue acogida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

El problema ocurrió cuando la AEE envió una carta el 21 de marzo informando que no iban a poder completar el proceso de envío de las boletas a los abonados hasta el 23 de marzo. En aquel momento solicitaron el que se extendiera el proceso que se supone finalizara el 30 de marzo, por 10 días. Caba señalar que Rosario aseguró que tienen en su poder una certificación que indica que para el 19 de marzo ya la AEE había enviado todas las boletas a los abonados, contrario a lo estipulado en la misiva.

No obstante, DACO anunció que el nuevo plazo para recibir todas la boletas sería el 9 de abril.

Fue así donde aparentemente las urnas que contenían todas las boletas que se iban recibiendo, se dejaron ‘solitas’ sin ningún tipo de supervisión en DACO durante el receso de Semana Santa.

De acuerdo a Rosario esto dio espacio para que en la urna 11 ocurriera un ‘fraude masivo’ al estimarse que contenían unas 20 mil boletas que estaban perfectamente dobladas y amarradas con ‘rubber band’ que tenían letras parecidas y el mismo tipo de tinta, favoreciendo a García y a Bezares. De paso evaluó que de la urna 1 a la urna 10 la mayoría de los votos eran a su favor y a Agustín Irizarry.

Por esto determinó su preocupación de que ‘si no se examina cuidadosamente y en la urna 11 hay más de 20 mil votos, se roban las elecciones’.

Ante este panorama, tanto Rosario como Irizarry están solicitando al Tribunal mediante un interdicto el que se arreste la urna 11 para examinar los votos. Además, que se invaliden todos los votos que fueron recibido posteriormente al 30 de marzo, que fue el plazo que se había anunciado a los ciudadanos.

Por otra parte, Rosario reprobó la intención de DACO de revivir una querella archivada que presentó Carmen S. Rivera Castrello, quién fuera aspirante para la misma posición. A su juicio esta era una querella ‘frívola’ en la que Rivera Castrello buscaba impugnar su candidatura y la de Irizarry al alegar que estaban relacionados a la Unión de Trabajadores de la Industría Eléctrica y Riego (UTIER).

La pugna por la elección de los dos representantes ha estado ardiendo desde antes que se certificaran a los candidatos, cuando Gilberto Arvelo, mejor conocido como Doctorshoper.com, había denunciado irregularidades por parte de DACO.

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