El Primer Circuito de Apelaciones de Boston sostuvo la determinación del juez José A. Fusté de desestimar la demanda que un grupo de periodistas y organizaciones de prensa presentó contra el FBI por los ataques y aplicaciones indebidas de gas pimienta que perpetraron mientras los periodistas cubrían el allanamiento de una supuesta Machetera en febrero de 2006 en el condominio De Diego 444.

Los jueces apelativos, que incluyen por invitación al juez Paul Barbadoro, aceptaron la versión de hechos de los demandantes pero, aún así, determinaron que la reacción de los agentes ese día fue una reacción permisible dentro de las circunstancias.

Casi todas estas circunstancias estaban fuera de las manos de los periodistas y ciudadanos que llegaron hasta allí por ser de la entera responsabilidad de los que organizaron el operativo, que estuvo supervisado por el posterior Superintendente, José Figueroa Sancha. Entre las circunstancias que los jueces consideraron a favor de los agentes están: falta de apoyo de la policía, inusual extensión del allanamiento, y la falta de un perímetro establecido.

De hecho, la determinación de que los agentes fallaron al no establecer un perímetro claro es contraria a la alegación que hizo el entonces jefe del FBI, Luis Fraticelli, justo después del evento, al efecto de que había un perímetro y que los periodistas lo habían violentado.

‘[L]as circunstancias en este caso combinan elementos peculiares – incluyendo la preocupación especial cuando se sospecha de terrorismo, la falta de apoyo de un gran número de policías, la inusual extensión del allanamiento, y la falta de un perímetro completamente seguro. Esperemos, también, que los agentes del FBI hayan aprendido algunas lecciones al lidiar con una manifestación disruptiva ya que no está en su interés buscarse una repetición (del evento)’, argumentaron los jueces al despachar el caso.

El posterior Superiintendente José Figueroa Sancha (con esposas enel chaleco) fue el supervisor del operativo.

La conclusión de los jueces se da a pesar de que en una nota al calce admiten que los agentes no cumplieron con el protocolo de la agencia al usar el gas pimienta. Se da a pesar de que en otro caso ese mismo tribunal determinó que existe un derecho ciudadano a grabar a los agentes del orden público mientras realizan sus funciones, y ocurre justo cuando en otro tribunal federal se acaba de detener la aplicación de una ley que permitía arrestar a una persona con tan solo la sospecha de que estaba involucrada con actividad terrorista.

En su calibración de los hechos, los jueces imputaron a los periodistas que los vídeos del episodio indican que algunos no estaban atendiendo las órdenes de los agentes de desalojar el área del estacionamiento del condominio.

‘Con retrospectiva sosegada, uno podría tener la tentación de cuestionar la necesidad o sabiduría de algunas acciones específicas de agentes contra demandantes específicos (…) pero no podemos decir, con relación a la conducta general de los agentes, que ‘sería evidente para un oficial razonable que su conducta ante la situación que confrontó era contraria a la ley’, argumentaron.

Al día de hoy, no se conoce de un solo cargo criminal o arresto producto del allanamiento.

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