La Quinta Cumbre Social celebrada en la ciudad de Caguas acordó el viernes evaluar el lenguaje que contendrá la propuesta de un referéndum revocatorio, el mecanismo para destituir a un funcionario ejecutivo o legislativo antes de que concluya el mandato para el que fue elegido cuando se entiende que ha incumplido con su cargo.

Según informó el Comité que tuvo a cargo la evaluación de esta disposición legal en el cónclave de concertación nacional efectuado durante dos días en Caguas, y que concluyó anoche, el referéndum revocatorio no viola principios del sistema republicano de Gobierno ni la Constitución de Estados Unidos. Lo que sí requeriría sería una enmienda a la Constitución del ELA.

Los miembros del Comité detallaron que esta disposición legal existe ya en muchos países del mundo. En Estados Unidos, según informó la licenciada Eva Prado, participante de la Cumbre Social, se realizaron el año pasado 150 referéndums revocatorios en 17 estados, teniendo el resultado de haber destituido a 75 funcionarios electos y provocado la renuncia de otros nueve.

De otra parte, señalaron que un obstáculo que pudiera enfrentar el referéndum revocatorio es el posible rechazo a la idea de los candidatos a la gobernación de los tres principales partidos políticos.

Durante su participación en la Cumbre Social en Caguas, tanto el candidato popular, Alejandro García Padilla como el independentista Juan Dalmau, dijeron estar dispuestos a evaluar la idea. Sin embargo, perciben que la medida pudiera crear inestabilidad política en un país sumamente politizado como Puerto Rico. Lo mismo aseguró en representación del gobernador Luis Fortuño, el secretario del Trabajo, Miguel Romero.

Los únicos que se expresaron a favor fueron Enrique Vázquez Quintana, del Movimiento Unión Soberanista (MUS) y Rafael Bernabé, del Partido del Pueblo Trabajador (PPT). Para ellos el referéndum revocatorio es una herramienta de rendición de cuentas a tono con la democracia.

De otra parte, Rogelio Figueroa, candidato a la gobernación por Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) no se expresó sobre el tema y utilizó su turno para lamentarse de las acciones legales que están fraguando contra él en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por fraude electoral en el proceso de inscripción de esa colectividad política.

Otros temas analizados en la Cumbre Social fueron la configuración de presupuestos fiscales, ya sean municipales o estatales, con plena participación ciudadana para definir cómo y hacia qué áreas se deben dirigir los fondos públicos y la elección de representación ciudadana en las juntas de gobierno de las corporaciones públicas.

Una propuesta que se hará desde la Cumbre Social será la creación de legislación para que haya al menos dos representantes ciudadanos de los consumidores en todas las juntas de gobierno de las corporaciones públicas.