El presidente de la Junta de Directores de la Alianza Sicosocial de Puerto Rico, Luis Guillermo Rodríguez Cardona, admitió que se declaró culpable en 1999 por fraude en el manejo de fondos federales de vivienda.

No obstante, aclaró que su participación en la Alianza, así como la disponibilidad que esta entidad presentó el jueves para ofrecer seminarios de capacitación en el uso del Wi-Fi en el Residencial Luis Lloréns Torres, se ofrecerán gratuitamente y forman parte de su proceso de rehabilitación a través del servicio comunitario.

También fue enfático al expresar que ni él, ni la Alianza reciben fondos federales de vivienda en ninguna de las tres Clínicas de Ayuda Sicosocial localizadas en los residenciales públicos de Yuquiyú en Loíza y Lloréns Torres en Santurce.

De paso indicó que su apoyo a este proyecto de WiFi en este último residencial es condicionado a que se haga primero el trabajo educativo y preventivo pues ‘sin esto, el internet puede ser peor que un arma en Lloréns’.

‘Yo no voy a tapar el cielo con la mano, ni negar lo que ya el pueblo de Puerto Rico sabe sobre mi pasado. Sé que he puesto mi persona al servicio de la comunidad y seguiré luchando’, expresó Rodríguez Cardona a NotiCel.

El ejecutivo era el cabecilla de un grupo que, según el pliego acusatorio en la esfera federal, cometió fraude al facturar por servicios no prestados y por doble facturación de servicios supuestamente prestados en residenciales públicos para la creación de pequeñas empresas bajo la entidad Corporación de Adiestramiento y Empleo en los Residenciales Públicos (CAER).

Como director ejecutivo y gerente de CAER, a Rodríguez Cardona se le imputó defraudar al fisco por $394,874.00. Tras declararse culpable, sólo cumplió cinco años en probatoria y 12 meses de arresto domiciliario. El caso fue uno de los que la fiscalía federal pudo llevar por la extensa cooperación del convicto ex senador novoprogresista Freddy Valentín. Rodríguez Cardona le insistió a NotiCel el sábado que él no tuvo que ver nada con Freddy Valentín, a pesar de la amplia cobertura que tuvo su caso en torno al rol que jugó el ex legislador del Partido Nuevo Progresista durante el proceso de dilucidación del crimen.

A preguntas de este medio en torno al proceso de licitación que la Alianza le hace al Municipio de San Juan con el fin de adiestrar a la gente en Lloréns sobre el uso del Internet, Rodríguez Cardona arguyó que dichos servicios se ofrecerán de forma gratuita y él como individuo no está interesado en cobrar nada.

Luego aclaró que él es un mero colaborador de la Alianza y que la presidenta en propiedad es la Sra. Edna Rivera.

‘Hay que separar mi persona de lo que es la Alianza que es una organización sin fines de lucro que involucra voluntarios, líderes comunitarios y profesionales que trabajan en las clínicas que actualmente operamos’, sostuvo Rodríguez Cardona al hacer referencia a su récord.

Asimismo, Rodríguez Cardona dijo que la mayoría de los servicios prestados se hacen de forma gratuita. No obstante, admitió que en otras ocasiones, la Alianza cotiza sus servicios a entidades tanto privadas como gubernamentales que se benefician de su labor social. El dinero obtenido de estas cotizaciones se usa principalmente para gastos operacionales y para pagarles a algunas de las personas que son subcontratadas, dijo.

NotiCel obtuvo copia del acuerdo en el cual el gobierno de Puerto Rico, a través de sus contratos con la Administración de Vivienda Pública estatal y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal, le delegaba a la Alianza su gestión comunitaria y sicosocial en el complejo de vivienda pública Yuquiyú. El documento esboza que la parte contratada – La Alianza Sicosocial – será compensada con ‘el uso de las facilidades libre de costo que incluye luz, agua, mantenimiento’. El contrato también aclara que la Alianza y sus integrantes no recibirán dinero por gastos de gasolina ni misceláneos. No obstante, sí podrán recibir fondos para la elaboración de campañas publicitarias.

La Alianza Sicosocial de Puerto Rico se nutre de un acuerdo logrado entre la entidad y una universidad privada de nivel graduado de la capital. Profesionales en psicología clínica y estudiantes practicantes en esta área académica y profesional forman parte del acuerdo entre la Alianza y la institución de educación superior participante. Como parte de la colaboración entre ambas organizaciones, la universidad establece que no solicitará honorarios por los servicios prestados por los/as estudiantes practicantes en psicología clínica. Sin embargo, ‘las partes reconocen y aceptan que la Alianza tiene la facultad de cobrarle a los clientes por los servicios que proveerá el/la estudiante de psicología en adiestramiento clínico, pero éste/a no recibirá honorario alguno por brindar los mismos’.

Para leer la historia que inició la controversia pulse este enlace:

Promotor de WiFi en Lloréns es convicto federal