Un proyecto de ley para disponer de los parámetros bajo los cuales habrán de operar las compañías de guardias de seguridad y las de detectives privadas en la isla fue presentado por el representante Héctor A. Torres Calderón a comienzos de mes.

El proyecto llega un año después de que el exsenador Héctor Martínez fuera en sentenciado por el tribunal federal por alegadamente presentar legislación similar con la intención de beneficiar a personas particulares que operaban una compañía de guardias de seguridad.

No obstante, Torres Calderón recalcó que no debe haber ninguna suspicacia por la presentación de este proyecto porque con el mismo se pretende atender una situación de regulación confusa en la industria de seguridad privada.

‘Este proyecto se ha construido con una resolución investigativa en donde participaron no solamente las agencias gubernamentales de seguridad, sino también del interés privado… Se ha armado de diferentes puntos que no se han tocado desde 1965’, aseguró Torres Calderón, refiriéndose a la Ley de Detectives Privados de Puerto Rico, que data del 29 de junio de 1965, y la que calificó de ‘arcaica’.

De acuerdo con Torres Calderón, la ley vigente es prácticamente inoperante porque de las más de 400 empresas de guardias de seguridad y/o de detectives privados en operación en la isla ‘si se están auditando 15, es mucho.’

Cuestionado sobre si conoce, o tiene relación de alguna naturaleza con algunos de los ponentes en la audiencia o algún dueño de compañía de seguridad, Torres Calderón negó tener relación alguna con ninguno de ellos.

El representante también negó que deba haber sospecha por el día y la hora en que se celebró la vista pública –domingo, a las 8:00 de la mañana – por esa una fecha y hora ‘moderada’.

‘Entiendo que era una hora moderada, en donde no hay tráfico y podemos adelantar los trabajos y también compartir con mi familia en la tarde’, dijo el legislador.

Este proyecto obligaría, entre otras cosas, a que toda persona interesada en trabajar como guardia de seguridad a aprobar ‘un curso de 40 horas en temas relacionados con la vigilancia, protección de vidas y propiedad, y derechos civiles’, y un curso de otras 40 horas de ‘adiestramiento básico y práctico en las disciplinas básicas del empleo de oficial de seguridad’, como requisito previo a la obtención de una licencia de guardia de seguridad. De convertirse en ley, el Proyecto de la Cámara 3965 provee para que las personas que al momento de entrar en vigencia la ley se desempeñen en dicha posición ‘ya posean una licencia de oficial de seguridad debidamente expedida’.

Al igual que en el caso del proyecto presentado por Martínez, éste pretende ‘atemperar las funciones de los detectives y oficiales de seguridad privados a la época actual’ y de igual forma a provocado críticas sobre la posibilidad de sacar del mercado a las empresas de seguridad más pequeñas. Este señalamiento podría plantear una posible intromisión en el mercado de la seguridad privada.

De hecho, algunos de los ponentes en la audiencia pública del domingo plantearon a la comisión asuntos tan específicos como el control de precios de los servicios ofrecidos.

Sonia Fernández, vice–presidenta de One Corps, Inc., agencia de guardias de seguridad con contratos con el gobierno federal, presentó a la Comisión una tabla con los costos de salarios y correspondientes obligaciones fiscales en las que debe incurrir una empresa de seguridad privada. De la tabla se desprende que el costo para la empresa de un guardia de seguridad que recibe el salario mínimo federal como salario es de 14.38 dólares por hora. Esto incluye las aportaciones patronales al Seguro Social, Medicare, seguros y otros relacionados.

Para Fernández, además de que este tipo de empresa puede incurrir en deudas significativas con el Departamento de Hacienda, por ejemplo, también compiten en condiciones desleales por los contratos del mercado.

Torres Calderón anticipó que el lunes se presentarán frente a la Comisión de Seguridad Pública, que él preside, las distintas agencias de gobierno que inciden sobre la regulación de los guardias de seguridad y detectives privados, a saber la Policía, y los departamentos de Justicia y Hacienda.

Añadió que espera que su Comisión esté en posición de rendir un informe sobre el proyecto de ley esta semana, y que este pueda ser considerado por el pleno de la Cámara antes de terminar la presente sesión legislativa.