El Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) resolvió el viernes que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz no incumplió con su deber ministerial en el curso que decidió seguir en el trámite investigativo relacionado con una querella anónima contra la senadora penepé Evelyn Vázquez.

Así lo informó la presidenta del FEI, Nydia Cotto Vives en un comunicado de prensa.

Según la funcionaria, el secretario de Justicia remitió al panel el pasado 3 de abril una notificación relacionada con información recibida en las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y la Oficina del Contralor que fue evaluada por el propio secretario.

Éste determinó que las imputaciones no se ajustan a los requisitos del Art. 4 (1) de la Ley del Panel sobre el FEI, por tratarse de información no juramentada, que constituya causa para iniciar una investigación preliminar a diversos funcionarios.

‘El FEI expone en su resolución que concurre con el secretario de Justicia en que el contenido del referido de la senadora González Calderón no constituye causa suficiente para investigar. Por ello, se dispuso el archivo definitivo de este caso’, dijo Cotto Vives.

Cotto Vives explicó que el caso se relaciona a una querella de la senadora popular Sila Marie González, quien alegó que podrían existir motivos fundados para concluir que el presidente del Senado incurrió en conducta sancionada por el Código Penal por omisión en el cumplimiento del deber y encubrimiento.

La senadora incluyó una querella anónima que fue recibida en la Oficina del Contralor y que forma parte de un informe que esa agencia le había enviado a Rivera Schatz el 31 de octubre del año pasado.

La resolución del FEI destaca que la querella referida al Senado por la Contralor era anónima por lo que no estaba presente uno de los requisitos legales, que es estar juramentada.

De otra parte, la presidenta del FEI detalló que del informe se desprende que uno de los elementos para que se configure el delito de omisión en el cumplimiento del deber es que haya ocasionado pérdida de fondos públicos o daños a la propiedad pública.

Por otro lado, Cotto Vives señaló que aunque este asunto fue remitido en primera instancia a la Oficina de Auditoría Interna del Senado, el informe de la investigación realizada por dicha oficina, fue notificado a la Comisión de Ética del Senado el 10 de septiembre del año pasado.

A su vez, los miembros de la Comisión emitieron una resolución en noviembre pasado aprobada por unanimidad, que expone que no se cumplen con las alegaciones de la querella, pues Rivera Schatz cumplió con las normas vigentes.

Por otra parte, el organismo decidió no asignar un FEI sobre la publicación de los folletos ‘Senado en Contacto’, alegando los mismos cumplen con un fin público. Este caso se originó por una queja de la delegación popular en el Alto Cuerpo, quienes denunciaron alegado mal uso de fondos públicos para la publicación.

‘Se trata de una publicación utilizada por el Senado para difundir información de interés público, cumpliendo así, con el deber de la Asamblea Legislativa de dar a la publicidad sus procedimientos legislativos’, sostuvo el Panel en su resolución.

De otra parte, la presidenta del FEI indicó que recibió una notificación del secretario de Justicia relacionada con una solicitud del representante popular Jaime Perelló para que investigara si la Autoridad de los Puertos (AP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) incurrieron en violación a la ley al publicar anuncios en los periódicos Primera Hora y el Nuevo Día relacionados con la inversión de los fondos ARRA.

Según el análisis de la fiscal Iris Martínez Juarbe, del Departamento de Justicia, la prohibición de la Ley 103 no aplica a la AFI ni a la APP.

El informe agrega que la mencionada ley tampoco incluye a Puertos ya que el anuncio publicado fue pagado por el exdirector de la corporación, Álvaro Pilar utilizando su tarjeta de crédito personal.

‘A tenor con la aludida investigación, el Panel determinó que la información recibida no constituye causa suficiente para iniciar una investigación. Por consiguiente el organismo dispuso el archivo definitivo de este caso’, dijo Cotto Vives.