El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, cuestionó hoy el informe de la Unión Americana de Libertades Civiles, difundido ayer y que concluye que en Puerto Rico la brutalidad policiaca está generalizada y sin ningún tipo de rendición de cuentas, asegurando que es ‘incorrecto e irresponsable’. Por su parte, el defensor de los derechos civiles Osvaldo Burgos lamentó que el gobierno haya dado más libertad a la policía ‘para violarle sus derechos a la ciudadanía’, incluso, con ‘licencia para matar’.

Sin entrar en detalles, Pesquera dijo en entrevista radial (WKAQ) de ‘esta gente’ (Unión Americana de Libertades Civiles) que causan controversia difundiendo algunos datos del informe antes de publicarlo: ‘no he visto el reporte’; aunque, precisó, ‘el reporte no es nada nuevo, no es nada nuevo de lo que ha senalado Justicia’.

Además, sostuvo el superintendente, ‘estamos llegando a acuerdos con el Departamento de Justicia federal’, aunque no precisó a qué acuerdos se supone que están llegando, ni sobre qué temas, ni cuándo prevé que rindan resultados las alegadas conversaciones.

Sobre la escalada de violencia específicamente en Caguas, Pesquera se defendió: ‘no es que no estemos haciendo nada, estamos haciendo… mi agenda es tratar de resolver problemas’. Y le tiró los veinte al alcalde de la ciudad, William Miranda Torres, asegurando que recientemente visitó la comandancia de Caguas informando que estaría disponible para discutir asuntos del precinto, pero que el alcalde no fue.

‘Vayamos por partes… tenemos las estadisticas, no es que no estemos haciendo nada, estamos haciendo… no es por inacción, tenemos ciertas necesidades y tenemos limitados recursos…’, insistió el superintendente policial.

El extenso documento de la ACLU, de 180 páginas, identifica numerosas fallas que explican la crisis que atraviesa esta institución, el segundo departamento de policía más numeroso de Estados Unidos, con más de 17,000 agentes.

‘Se trata de un lugar donde ciudadanos estadounidenses e inmigrantes toleran abusos gravísimos a manos de su propia Policía, y el gobierno federal y los gobiernos locales permiten que suceda’, expresó el director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero. ‘El gobierno de Puerto Rico ha prometido implementar una reforma desde hace años, pero las personas aún padecen las consecuencias de un cuerpo de policía que está fuera de control’, apuntó sobre lo que se ha catalogado como prácticas inconstitucionales de la Policía de Puerto Rico.

Por su parte, el abogado Osvaldo Burgos, portavoz de Amnistía Internacional, instó hoy a los ciudadanos que recuerden ahora, en tiempos de campaña electoral, cuál es el compromiso de los candidatos sobre estos reclamos. ‘La gente debe mantenerse vigilante… recordar las promesas candidatos políticos’, recomendó Burgos en Radio Isla.

Sobre el nuevo informe, Burgos sostuvo que ‘lamentablemente hay que coincidir… vivimos en un país donde hay un problema sistémico y no hay un propósito de enmienda… sabemos que hubo un demoledor informe del Departamento de Justicia federal con unas recomendaciones muy específicas… (y la reacción del Gobierno estatal fue) cuestionar la veracidad del informe’.

‘Se afirma una información que se ha estado difundiendo constantemente… Incluso se le ha dado más impunidad a la policía… una orden ejecutiva autoriza básicamente a la Policía licencia para matar’, recordó el abogado.

‘En lugar de tomar medidas para proteger a la ciudadanía, que es para lo que está la policía, se le da más libertad para violarle sus derechos a la ciudadanía’, lamentó Burgos.