El asesor legal de la Alianza Pro Desarrollo de Ceiba (APRODEC), Ramón David Figueroa, denunció el miércoles que la Junta de Roosevelt Roads otorgó un contrato a la compañía Environmental Resource Management para que administre el funcionamiento de la planta de filtración de agua en esas facilidades sin haber obtenido el permiso de extracción de aguas necesario.
‘Luego de una investigación de aproximadamente seis semanas en la cual APRODEC visitó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Salud Ambiental del Departamento de Salud, entre otras agencias gubernamentales, concluimos que la Junta de Roosevelt Roads otorgó un contrato ilegal por carecer de los permisos requeridos’, explicó Figueroa.
Añadió ‘el pasado 11 de mayo solicitamos copia del expediente de ambas entidades al Secretario de DRNA y nunca nos ha contestado. Empleados de esa agencia nos informaron verbalmente, que los documentos no existen en los archivos de la agencia’.
El 28 de junio de 2010, la Junta de Roosevelt Roads solicitó una transferencia del permiso para operar la planta a través de la Oficina de Salud Ambiental mediante carta suscrita por el ingeniero Erwin Kiess al Ing. Javier O. Torres.
El día 20 de diciembre de 2011, mediante carta, la Marina de Estados Unidos renunció al permiso obtenido en el año 1944 con efectividad del 26 de enero del 2012, el día que se llevó a cabo la transferencia de terrenos del gobierno federal al gobierno de Puerto RIco, que incluyen la planta de filtración que operaba la Marina en la antigua base naval.
El acuerdo de Desarrollo de Transferencia Económica establece en su párrafo 7.2 , que ‘al momento de la transferencia la Junta ha obtenido o le han garantizado el permiso de extracción de aguas’.
‘Nos parece algo insólito e inverosímil que la Junta de Roosevelt Roads trate de aprovecharse de las peculiaridades de la antigua base naval para engañar al pueblo y proveerle agua de gratis a las agencias allí establecidas, mientras se apropian ilegalmente de ese recurso tan preciado, que le pertenece al pueblo de Puerto Rico’, expresó el abogado Figueroa.
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