El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez, reiteró que aunque el Gobierno de Puerto Rico trate de dilatarlo es inevitable una intervención federal para que se concreten las reformas recomendadas por el Departamento de Justicia Federal en su informe relacionado sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

Ramírez afirmó a NotiCel que el Gobierno ha intensificado su cabildeo y ha invertido mucho dinero con el fin de intentar que los señalamientos se traduzcan en aspectos de índole administrativo, para así tratar de evitar que el Tribunal Federal tenga que intervenir, como se espera que ocurra. Aunque no quiso entrar a evaluar el hecho que el Gobierno le hubiera aumentado los contratos albufete Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, quienes llevan a cabo el cabildeo con el Departamento de Justicia federal, puntualizó que ‘la reforma de la Policía no se puede seguir postergando, es algo que va a ocurrir’.

El Departamento de Justicia federal ha dicho que mantiene ‘discusiones productivas’ con el gobierno de Puerto Rico sobre la implantación de los hallazgos que emitieron en septiembre de 2011 en contra de la Policía.

Sin embargo, Ramírez determinó que ‘mi conocimiento es que la intención (del Departamento de Justicia federal) es que se vaya al tribunal para que los monitorée y hacer cumplir el acuerdo’.

Ramírez explicó que si el gobierno de Puerto Rico no cumpliera con el acuerdo estando monitoreado por el Tribunal Federal, la Policía entraría en sindicatura, u ocurriría pérdida de fondos federales al entender que se esta cometiendo algún tipo de discrimen mediante el tipo de violencia excesiva ejercido por los miembros de la Uniformada, o que se impongas multas o que hasta se emita una orden por desacato.

Lo cierto es que ante la falta de acción inmediata para corregir los señalamientos, Ramírez sostuvo que ACLU no va a esperar a que Justicia federal decida tomar acción de índole legal y que durante la próxima semana pudieran estar entablando su propia demanda contra el gobierno.

Destacó que el gobernador Luis Fortuño está tratando de protegerse políticamente por las elecciones generales que se avecinan, cuando se le confrontó por la manera tenue en que se expresó el martes sobre el informe de ACLU.

Fortuño sólo dijo a una emisora radial que ‘la inmensa mayoría de nuestros policías son ciudadanos públicos abnegados y dedicados, y esto no habla de ellos, habla de una minoría’.

Desde el martes, NotiCel ha intentado obtener una reacción de Fortuño sobre la base de los señalamientos del informe de ACLU, sin tener éxito.

Para Ramírez, ‘el gobernador está corriendo de nuevo, él sabe que es un issue caliente, que tiene influencia en la política, sabe que tenemos razón, que los federales dicen lo mismo, él ha sido bastante prudente. Yo creo que él está tratando de evitar controversias’.

No obstante opinó que ‘él parece que no está entendiendo la seriedad de lo que estamos diciendo’.

Ante el planteamiento que el informe no solo comprende los casos bajo la administración Fortuño, Ramírez indicó que el problema del abuso policiaco en la Isla ha tenido sus manifestaciones desde la Masacre de Ponce en el 1937.

De hecho, mencionó que bajo la administración del ex gobernador Carlos Romero Barceló se dieron casos notables por el uso excesivo de la fuerza por parte del excoronel de la Policía, Alejo Maldonado, y los asesinatos en el Cerro Marravilla.

También mencionó que bajo la administración del Partido Popular Democrático se dieron muchas casos de abuso policíaco en Loíza.

Pero concordó que se han intensificado bajo la administración actual y que esto lo confirma las propias estadísticas.

Trajo a la atención que entre el 2010-2011 se registraron en Puerto Rico 21 muertes de ciudadanos a manos de la Policía. Al tiempo que recordó que una de los señalamientos más impactantes que hizo el Departamento de Justicia federal es que bajo la administración de Fortuño se ha intentado ‘suprimir la expresión mediante la fuerza policiaca. Desde el 2009 claramente la Policía empieza a escalar su violencia en contra de las personas disidentes, que se oponían a las políticas de austeridad de este Gobierno’.