El portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, indicó hoy que es muy probable que el gobernador ordene la realización de una sesión legislativa extraordinaria para la consideración de enmiendas a la ley de consulta plebiscitaria que se realizará en noviembre.
Esta fue una de las medidas que quedó pendiente al finalizar la sesión el lunes. Así mismo, podría considerarse otra medida de su autoría para eximir del pago del Impuesto de Venta y Uso (IVU) uniformes y calzado escolar.
La extraordinaria, de ordenarse, sería durante las primeras semanas de julio.
Por otra parte, aunque el Senado aprobó una resolución que ordena a la Autoridad de Terrenos de Puerto Rico concederle un solar en Hato Rey a la Fundación Carlos Romero Barceló para la construcción de una biblioteca que albergará los documentos relacionados con la gestión pública del exgobernador, en Cámara no se vio. ‘No era un prioridad’, indicó Méndez.
La medida que había propuesto la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, para convertir en empleados de carrera a los empleados que lleven más de seis meses en sus puestos fue otra de las que se quedó sin aprobar.
El Proyecto de la Cámara 3889, denominado Ley de Justicia a los Empleados Transitorios de 2012, quedó sobre la mesa cuando la delegación del Partido Popular Democrático quiso debatirlo, por lo que se dejó para más tarde y allí quedó.
Igual ocurrió con un nuevo Código Laboral, que contiene unos cientos de páginas y que, según la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), se desconocía cuán avanzado estaba.
Por otra parte, se aprobaron prácticamente todas las medidas relacionadas con el presupuesto, incluyendo las que autorizan al gobierno a tomar más dinero prestado para cuadrar lo que necesita el País para seguir funcionando. También decidieron que este año no ingresarán recursos al Fondo de Emergencia ni al Fondo Presupuestario.
‘Ellos habían dicho que con el despido de 30,000 empleados públicos, ellos iban a poder cuadrar el presupuesto y eso iba a ayudar a superar el déficit presupuestario que supuestamente ellos habían heredado del gobierno. La realidad es que después de que ellos despidieron a 30,000 empleados públicos sigue el déficit presupuestario en más de 10 millones de dólares’, dijo el portavoz de la minoría popular Luis Raúl Torres.
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